Las elecciones de este fin de semana demuestran que la ciudadanía demanda no solo cambios en nuestras instituciones fundamentales sino también mayor representatividad e incidencia en la toma de decisiones que les afectan. En suma, reclama mayor y mejor democracia.
La historia reciente de la UACh ha estado ligada a esta aspiración democrática y confrontada, también, a un modelo que la limita y tensiona. En la elección a la rectoría de 2014, del universo de 530 académico/as con derecho a voto, sufragó un total de 472 personas, en primera vuelta y 482, en la segunda. En las elecciones de 2018, con un universo electoral de 580 académicos/as, votaron, en cambio, solo 384 personas: 257 por el único candidato inscrito y 127 votaron en blanco. La crisis de representación emergía.
Al segundo año del gobierno universitario pasado, la UACh experimentó su propia crisis. En esta, denominada el “Caso UACh”, se denunciaron graves faltas a la probidad y la transparencia en la gestión, derivadas, entre otros factores, del déficit de participación colectiva en la toma de decisiones y la falta de controles administrativos adecuados. No fue, entonces, una simple “crisis ética” (de valores) ni se trató solo de responsabilidades individuales; fue una crisis con una dimensión institucional muy importante.
Toda crisis institucional se enfrenta y resuelve con acciones colectivas. El caso UACh no fue la excepción. A través de sus órganos colegiados superiores y organizaciones representativas (estudiantiles y sindicales), la UACh denunció como inadmisibles ciertos comportamientos, instó por el establecimiento de las responsabilidades existentes y propuso líneas de conducción políticas para superarla. Lo mismo que nuestra Constitución respecto del estallido social, nuestros Estatutos demostraron su completa obsolescencia tanto para abordar el “Caso UACh” como para conducir el futuro institucional. La UACh se ha fortalecido, pero es importante tomar conciencia que nuestro déficit democrático es aun más crítico que el del país.
La comunidad UACh se compone de más de veinte mil personas, y solo 683 tienen derecho a sufragio (académicas/os categoría I, II y III). De ese listado, 84 pueden optar a ser rectores (categoría I), siendo 68 hombres y 16 mujeres. En nuestros órganos directivos y colegiados no hay una adecuada representación de los estamentos, de los perfiles académicos, ni de los territorios en los que se emplaza la UACh.
El ideal democrático permite tomar mejores decisiones, al colectivizarlas y generar ventajas epistémicas, pero, sobre todo, realiza el principio de igual respeto y consideración de las personas. Hay quienes creen que las universidades no debieran estar sometidas a exigencias democráticas, pero lo cierto es que, como toda organización, las universidades no pueden ser inmunes al cambio social. Por otra parte, la ley Nº 21.091 contiene exigencias de participación, inclusión y transparencia, aplicables a todas las instituciones de educación superior chilenas (art. 2).
Nuestra propuesta de gobierno asumió la responsabilidad y el compromiso de desarrollar un programa abierto a la participación, en co-autoría con los distintos estamentos, para identificar necesidades y expectativas. Diseñó un verdadero piloto, de espacios reales de diálogo con equitativas oportunidades para la deliberación colectiva.
El 26 de mayo presentaremos la versión final de nuestro programa de gobierno universitario, en el que esperamos representar y convocar a trabajar en un proyecto político colectivo. Creemos que la participación nos permite reconocernos como integrantes diversos de esta comunidad, fomenta formas de deliberación que previenen desviaciones de poder y permite resolver nuestras controversias. Tal como Chile, confiamos en que la UACh se abrirá a los cambios que hacen historia.
Maite Castro G.
#UAChCambiosQueHacenHistoria
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