El día miércoles 11 de agosto del año 2020 el Sr. Carlos Vöhringer, Director Técnico del Hogar de Cristo, describió en su columna “Egresar del Sename: un salto sin paracaídas”, publicada en El Mercurio.com, parte de la realidad nacional de egresados/as por mayoría de edad del sistema de protección de SENAME.
En dicho relato repasa tres historias de “beneficiarios” del sistema de protección, pero en el fondo describe cómo mediante el sistema de hospedería de HdC se da abordaje y solución, desde la sociedad civil, a una responsabilidad a todas luces estatal.
A nivel local, en nuestra región, la realidad no es muy distinta ni menos escabrosa. El año 2000, en la ciudad de Valdivia, J.A. relata que el mismo día de cumplida la mayoría de edad una “tía de la residencia se acerca y le dice que tenía que irse del hogar, que fuera a buscar su ropa y la metiera en una bolsa de basura de esas negras, que ya no podía seguir en el hogar, que ya era grande”. Sin derecho a réplica. Varios días estuvo en situación de calle hasta que logró ubicar a familiares por cuenta propia. Ahí inicia su historia de transición de casa en casa, prácticamente mendigando un lugar donde dormir. “Un mal comienzo”, según sus propias palabras.
Situación similar a lo vivido también en Valdivia por S.N. quien en julio el año 2017 egresa del sistema residencial de protección con 18 años recién cumplidos y en pleno invierno. Sin redes de contención ni preparación para la vida adulta se ve literalmente en situación de calle. Sólo con lo puesto más una bolsa negra de basura que contenía todas sus pertenencias, sin saber dónde ir, a quien recurrir, con hambre, sin trabajo, sin dinero y con una adicción a la pasta base a cuestas. Ambas historias, con casi dos décadas de diferencia, no son casualidad.
Para comprender la crisis de (mal) funcionamiento, se hace necesario prestar atención a dos aspectos: el primero de ellos relacionado con el sistema de financiamiento el cual se encuentra ampliamente tercerizado hacia una red de organismos colaboradores acreditados (OCAS) quienes administran el 90% del total de residencias. En este sistema de tercerización radica la crisis más profunda, ya que el sistema de financiamiento o subvención estatal históricamente se ha ejecutado en un clima de constantes cuestionamientos dado que formaliza la tercerización de la responsabilidad estatal del cuidado de la infancia vulnerada, favoreciendo el lucro de privados con dineros públicos en una temática tan delicada.
Dicha “subvención por niño” se acaba una vez cumpliendo la mayoría de edad a menos que exista comprobante de matrícula para continuación de estudios. Una verdadera quimera para adolescentes que, con dificultad y escaso rendimiento, han logrado finalizar su enseñanza media.
Punto aparte son los procesos de licitación en particular de los proyectos residenciales que, a pesar de ser depurados por distintas administraciones, siguen funcionando bajo la lógica de hacer competir al mejor postor a las “buenas residencias” con las “malas residencias”, posibilitando que se desconozcan criterios técnicos o de “buena trayectoria” al momento de licitar.
Lo anterior sólo compromete, desconoce o relativiza la continuidad de quienes sí lo han “hecho bien” y en aquel sentido nuestra experiencia nos dice que el papel aguanta mucho y que, por lo tanto, lo técnico y la buena trayectoria debiese ser prioridad al referirnos al proceso de cuidado, reparación y vinculación de los niños, niñas y adolescentes con los buenos equipos, su personal y la infraestructura que los cobija. Asegurar la continuidad de quienes “sí lo han hecho bien” es fundamental en amplio sentido.
Como segundo aspecto se destaca las sistemáticas vulneraciones a derechos fundamentales expuestas en dos informes: el Informe de la Comisión Investigadora de la situación de menores de edad el año 2017 y el Informe de la PDI fechado en diciembre de 2018. En ambos se evidenció la existencia de delitos graves como adopciones ilegales, maltrato infantil institucionalizado, comercio sexual infantil, etc. entre una serie de otras falencias de carácter técnico, financiero, estructural y de capacitación de recurso humano.
Las conclusiones de dichos informes son lapidarias: el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Queda entonces clara la enorme deuda del Estado de Chile con los niños, niñas y adolescentes, pero también de la complicidad pasiva de todos los gobiernos de turno hasta la fecha.
Conforme a lo anterior, se vuelve relevante la necesidad de aumentar la cobertura y abordaje a esta problemática de parte de distintos organismos tanto gubernamentales como también de la sociedad civil. En ese sentido, la Corporación Cambiando Destinos, compuesta por adultos egresados del sistema residencial de SENAME, postula en el año 2021 a fondos del Gobierno Regional su proyecto de Escuela de Oficios el cual tiene por objetivo proporcionar un espacio de protección, restitución e integración psicosocial para las y los adolescentes en proceso de egreso del sistema residencial en nuestra región por motivos de mayoría de edad.
El medio para lograrlo, junto a las y los adolescentes, consiste en generar experiencias que faciliten la integración de conocimientos técnicos que permitan ingresar (competitivamente) al mercado laboral para quienes no tengan intenciones o medios de cursar educación superior o continuidad de estudios, así como también el desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas y de comunicación e interacción que faciliten la transición a la vida adulta. Con estos dos grandes objetivos, la Corporación Cambiando Destinos pretende (al menos) reducir la brecha catastrófica del sistema de transición hacia la vida adulta e independiente existente en la actualidad.
Mientras el Estado no resuelva esta problemática en el ámbito de protección de la infancia, será deber de la sociedad civil transformar a Chile en un mejor país para la niñez, ya que se hace insostenible eludir la responsabilidad por los altos costos y en amplio sentido que esto implica. Si bien no es suficiente el esfuerzo de ciudadanos y profesionales, si el Estado no asume la responsabilidad que le compete, algo debemos hacer para sacar a Chile de la profunda crisis social de la protección de la infancia vulnerada en la cual se encuentra. Es la forma más inmediata de lograr que los casos exitosos de Catalina Callealta, Francisco Pinoleo y Valeria Ruz descritos en “El camino de un egresado del SENAME”, publicado en Revista Sábado de El Mercurio el 7 de agosto de 2021, no sean una excepción a la regla, sino resultados de una tradición de cuidados a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Académico Leonardo Cárcamo y Julio Correa, Presidente Corporación Cambiando Destinos.