«Feminismo y Punitivismo» se tituló el seminario online organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, a través de su Oficina de Vinculación con el Medio, con el objetivo de promover una cultura institucional de respeto a las personas y así generar ambientes libres de discriminación y violencia.
La actividad se realizó el martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, mediante las plataformas Zoom y Facebook Live convocando a más de 100 participantes online.
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En ella participaron la Dra. Viviana Ponce de León, profesora de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt; mientras que, como expositoras y expositores, la profesora del Instituto de Derecho Público, Dra. Yanira Zúñiga; el abogado y estudiante del programa de Doctorado en Derecho mención en Constitucionalismo y Derecho, Gabriel Miralles; el profesor del Instituto de Derecho Público, Dr. José Ángel Fernández; y la profesora de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt, Dra. Marcela Araya. Moderó esta actividad la Dra. Leticia Morales, profesora de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt.
El saludo inicial estuvo a cargo de la Dra. Viviana Ponce de León, profesora de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt, quien señaló: “Esta actividad se sitúa en el marco del compromiso que desde hace varios años viene expresando la Universidad Austral de Chile frente a los fenómenos de acoso, violencia y discriminación que se dan en el contexto de las relaciones de género y diversidad, en sus diferentes manifestaciones. Este es un compromiso en el que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha jugado un rol clave, mediante la participación de sus académicas y académicos en la elaboración de reglamentos o protocolos y en la integración de comisiones o unidades especializadas en esta materia”.
La profesora Dra. Yanira Zúñiga, del Instituto de Derecho Público, explicó que el objetivo de la presentación es defender que la necesidad de reparación ante la violencia de género en un deber moral y una responsabilidad jurídico – estatal. “Por tanto, la falta de acceso a la justicia, que sistemáticamente afecta a las mujeres, es un problema que hay que tomarse en serio. Sin embargo, una escalada punitiva no es la única vía de reparación ni una estrategia idónea para la prevención. Al contrario, aquella es problemática moralmente y jurídicamente. Además, sabotea el mismo proyecto de transformación social que está en el centro de la preocupación feminista contra la violencia”.
Por su parte, el abogado Gabriel Miralles, estudiante del programa de Doctorado en Derecho de la UACh, comentó que el objetivo de su presentación fue mostrar el impacto que tienen las distintas formas de conceptualizar la violencia en la forma en las posibilidades de tratamiento efectivo frente a la violencia de género. “En este sentido, postulé que el derecho moderno nace a la par de una noción restringida de la violencia, la que al formar parte de la estructura misma de este y ser parte de la consciencia colectiva, genera una captura parcial y distorsionada de la violencia de género”.
El profesor Dr. José Ángel Fernández, del Instituto de Derecho Público, precisó: “En materia penal y en materia de violencia de género estoy a favor de un estándar diferenciado, pero lo importante es que el feminismo sea consciente de que como organización de poder siempre está en peligro de excederse. No existe un modelo garantista, eso es un idealismo, siempre han existido modelos diferenciados, entonces hay que estar autoconsciente de que como toda organización de poder, como lo es el feminismo, se puede extralimitar”.
La profesora Marcela Araya, de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt, dijo: “Abordé la forma en que algunas manifestaciones del punitivismo que le son atribuidas al feminismo, parecen entrar en contradicción con las garantías procesales del Estado constitucional, específicamente, al momento de delinear la premisa fáctica sobre la cual se debería construir la condena penal del acusado en los delitos de violencia patriarcal. En otras palabras, develar la existencia o inexistencia de tensión entre el juzgamiento con perspectiva de género en la valoración racional de la prueba en aquellos delitos y las garantías del derecho penal liberal”.