Esperanzados, aunque observantes del proyecto de reforma a la educación superior y su anunciada reformulación, se mostraron hoy los rectores de la Red de Universidades Públicas no Estatales – G9, tras su sesión mensual, oportunidad en que, otras materias, hicieron una evaluación del encuentro que la semana pasada sostuvieron con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras. Su presidente, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, indicó que existen señales positivas respecto a las indicaciones a la reforma que se estarían discutiendo: “Valorarían la realidad histórica y actual del sistema de educación superior de nuestro país, en lo que dice relación con el tremendo aporte que realizan las universidades del G9, por su calidad reconocida en todos los ámbitos, objetivamente fundamentada en indicadores y una serie de otros argumentos, como también por la inclusión que las caracteriza”.
Sin embargo, también vislumbra con preocupación algunos de los contenidos que incluiría el proyecto, ya que hasta ahora las indicaciones dan cuenta de planteamientos muy generales. “Permanece en nosotros, los rectores del G9, una sensación de inseguridad y de cierta incertidumbre respecto de este proyecto de ley. Si bien hay unas señales esperanzadoras, todavía está muy lejos de concretarse, y que ellas transmitan tranquilidad y confianza a nuestras universidades, a nuestras comunidades”, complementó.
Si bien destaca las respuestas que se le han dado a las universidades del Estado en, por ejemplo, reducir la carga burocrática y eliminar algunas trabas en su gestión, hay ciertos elementos que apuntarían a debilitar al Consejo de Rectores (CRUCh).
“Para nosotros, el Consejo de Rectores ha constituido y constituye la red de universidades del sistema público de nuestro país. Es de hecho una red que opera a partir de la normativa que reconoce su existencia y el rol como ente asesor de las políticas públicas (…) Entonces nos preocupa que se esté hablando de una Red de Universidades del Estado, que en la práctica, tal como está concebida en las minutas, vendría gradualmente a reemplazar al CRUCh, a minimizar su rol, a quitarle relevancia. Creemos que las cosas que funcionan hay que perfeccionarlas y fortalecerlas, y no minimizarlas ni debilitarlas”, explicó.
Al respecto, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, agregó que al G9 le interesa destacar que las universidades estatales puedan ser fortalecidas: “Eso no significa quitarle mérito al Consejo de Rectores en su conjunto, ni tampoco perder de vista que ha sido un puntal para la educación superior en el país”.
Asimismo, señaló que han faltado recursos, porque las universidades no alcanzan a cubrir lo que la gratuidad trata de financiar. “Las distintas universidades han tenido que ocupar fondos propios, y eso significa afectar sus presupuestos. Pero, por otro lado, muestra que para poder educar en este país se necesitan recursos. Universidades como la Católica del Maule y otras, hacen un esfuerzo enorme para, con aranceles bajos, poder educar a la población”, comentó el rector, y advirtió que las posibilidades de desarrollo de las universidades regionales son muchísimo más complejas que aquellas instituciones que cobran altos aranceles, y que ello explica que en estos casos existan diferencias menores, sin grandes déficit. “Lo cual está mostrando que para poder hacer un desarrollo que sea adecuado para el país, en términos de investigación por ejemplo, los recursos no alcanzan”, concluyó.