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Más allá de la noticia del incremento de las becas para los estudiantes, un profundo daño al sistema público de educación superior producirá, en caso de implementarse, el Proyecto de Presupuesto de educación superior 2015. Frente a las expectativas de la sociedad que esperaba que este año fuera el inicio de una política pública consistente y que realmente avanzara en la imprescindible reforma que el país exige, nos encontramos con una evidente incomprensión y desconocimiento de la naturaleza, historia y necesidades de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh). Lo anterior, se vuelve simplemente agresivo contra las Universidades Públicas No Estatales (G9) de este Consejo, cuya trayectoria de función pública no puede ser invisibilizada, porque ahí están las evidencias y la valoración de nuestros territorios y nuestras comunidades.
El Proyecto de Presupuesto 2015 transforma y reduce, sin criterios técnicos adecuados, la esfera de lo público en la educación superior, la que históricamente ha estado representada por las universidades pertenecientes al CRUCh. Si el financiamiento de las instituciones debe estar definido en función del tamaño, complejidad y contribución pública de las universidades y no por su naturaleza jurídica, nos enteramos que de ahora en adelante la pertenencia y no el aporte al Estado será el primer criterio de asignación de recursos.
En términos reales, y considerando las proyecciones inflacionarias para el presente año, el presupuesto de educación superior 2015 se incrementa en un 13%. Sin embargo, el análisis de las diversas partidas fiscales en que se descomponen estos recursos, indica que para la Universidad Austral de Chile y las restante públicas no estatales que integran el CRUCh, los recursos disponibles disminuirán en porcentajes que varían entre un 36,5% y un 1,5%. Como partidas especiales, se incorporan $34.000 millones exclusivamente para las universidades estatales y $4.120 millones para la internacionalización de dos de las principales universidades localizadas en la capital. Es decir, discriminación en contra de las instituciones de función y beneficio público y de las instituciones complejas y de calidad de las regiones.
Lo anterior, además de generar graves problemas en la gestión de las universidades, provoca artificialmente un conflicto político y territorial para el país. ¿Es acaso esperable que nuestras comunidades universitarias y sociales, que nuestros parlamentarios y autoridades regionales y locales acepten pasivamente esta inaceptable discriminación?
El país requiere un sistema público de educación superior fortalecido, que permita transitar del actual modelo a uno más justo, más eficiente y de mayor calidad. Un sistema que, en el contexto de una política global de fortalecimiento, dé un tratamiento financiero justo a todas las universidades tradicionales; que reconozca de una vez por todas las peculiaridades regionales y que permita a las universidades más allá de formar a sus estudiantes, a veces con serias dificultades presupuestarias, aportar también al desarrollo científico y cultural del país. Un sistema que responda, además, adecuadamente a las expectativas de mejores oportunidades para nuestras comunidades universitarias.
La propuesta contenida en el Proyecto de Presupuesto pone de manifiesto que los recursos son insuficientes si lo que se buscaba era fortalecer a las universidades estatales, y evidentemente discriminatoria en su asignación, pues afecta y atenta contra las universidades públicas no estatales.
Una propuesta que, además, debilita y no comprende la dimensión territorial del quehacer universitario pues no asigna recursos adecuados e incluso disminuye el aporte al fortalecimiento de las instituciones regionales y concentra la toma de decisiones a nivel central. Mientras otras reparticiones públicas buscan generar descentralización y mayor capacidad de autogestión regulada por el Estado, en este caso se limitan los fondos de libre disposición y se insiste en el lento y burocrático camino de la gestión de proyectos con permiso metropolitano.
Finalmente, y lo que es aún más serio, no se cumplen compromisos contraídos en años anteriores lo que dificulta la planificación y el cumplimiento de programas ya establecidos en las universidades. En verdad el Proyecto de Presupuesto en educación superior poco tiene de lo informado por el gobierno en cuanto a fortalecer a las instituciones, y su único resultado es la materialización de una artificial división en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.
Óscar Galindo Villarroel
Rector
Universidad Austral de Chile