«Ciudades inteligentes y derechos humanos: los casos de Chile y Suiza» se titula el proyecto de investigación financiado por el fondo Research Partnership Grants 2021 del Centro Latinoamericano-Suizo de la Universität St. Gallen, mandatada por el Ministerio Suizo de Educación, Investigación e Innovación para gestionar los incentivos a la investigación.
En el proyecto participan como investigadores responsables el Dr. Alberto Coddou, profesor del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y la Dra. Isabel Ebert, profesora del Instituto de Ética de los Negocios en la Universität St. Gallen. Además, el proyecto cuenta con la participación de dos investigadores asociados: el profesor Dr. Sebastián Smart, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh, y el investigador independiente Dr. Vicente Burgos.
El objetivo de las becas de asociación de investigación es fortalecer o iniciar un intercambio científico entre investigadores de instituciones suizas y latinoamericanas para que puedan realizar investigaciones preliminares y organizar reuniones, conferencias o talleres. Las becas de asociación de investigación son particularmente útiles para desarrollar propuestas de proyectos conjuntos que se enviarán a grandes agencias de financiación en América Latina, Suiza y Europa o para combinar proyectos ya existentes y financiados de forma independiente en Suiza y los países socios con el fin de crear una cooperación duradera.
La iniciativa se ejecutará entre enero y diciembre de 2022, y como resultado “esperamos comunicar conocimientos científicos con el propósito de influir en la discusión pública chilena y suiza sobre ciudades inteligentes. Además, participar en discusiones públicas como desarrollos locales del concepto, seminarios o discusiones de políticas públicas”, comentó el académico.
Proyecto Smart City
El profesor Coddou comentó que el concepto de «Smart City» ha estado cada vez más presente en la agenda pública. “Varias ciudades están anunciando el uso de tecnologías digitales para asegurar el acceso a los servicios y regular diferentes aspectos, como la movilidad, la conectividad y la seguridad pública. De manera consistente, diferentes actores privados y públicos están promoviendo proyectos urbanos etiquetados como ‘inteligentes’, asumiendo los impactos positivos de la tecnología y las decisiones basadas en datos”.
Sin embargo, agregó, existe una gran brecha en la comprensión de los posibles impactos en los derechos humanos de esas iniciativas y el significado y las suposiciones detrás de las intervenciones de ciudades inteligentes.
“En este proyecto estamos interesados en describir esos proyectos de ciudades inteligentes y sus implicaciones para la planificación, los procesos democráticos y los derechos humanos. Hay cuatro áreas relevantes relacionadas con los proyectos de ‘ciudad inteligente’ tanto en Chile como en Suiza: primero, las ciudades inteligentes han entregado una parte significativa de las funciones públicas a actores privados que compiten por las ganancias y no necesariamente en la búsqueda del interés público. En segundo lugar, la forma en que las ciudades inteligentes reproducen y refuerzan las desigualdades digitales, en lugar de producir sociedades más justas, igualitarias e inclusivas. En tercer lugar, las ciudades inteligentes se basan en datos recopilados de y por los ciudadanos o servicios utilizados por los ciudadanos, apoyando la vigilancia e influyendo en el comportamiento de los ciudadanos. Y, cuarto, como los proyectos de ciudades inteligentes representan la narrativa de la inclusión de tecnologías con el desarrollo urbano sostenible, el papel de las comunidades y los procesos democráticos en la ciudad podría verse limitado cuando las decisiones se basan en la recopilación de datos en lugar de la discusión y participación pública”, sostuvo el profesor.