«Tendencias Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», de la académica y coordinadora Ana María D’avila Lopes, profesora titular del Programa de Postgrado en Derecho de Unifor, presenta este proyecto junto a sus co-investigadores, los profesores Felipe Paredes, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y Renata Bregaglio, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Además, el proyecto reúne el trabajo de investigación de dos académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Doctores Marcos Andrade Moreno y Sebastián Agüero San Juan.
Desde su creación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un destacado papel internacional en la protección de los derechos humanos en la región. En los últimos años, su jurisprudencia ha adoptado una postura más activa en la aplicación de los derechos y mecanismos para protegerlos, especialmente los que se refieren a la protección de las minorías y las personas en situaciones vulnerables, así como sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno.
En este contexto, el Dr. Felipe Paredes indicó que junto a la profesora Renata Bregaglio se adjudicaron un proyecto titulado «Democracia en el diálogo de las fuentes: análisis de las acciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», financiado por el Aviso Universal de CNPq 2016, y que estuvo bajo la responsabilidad de la profesora Ana María D’avila Lopes.
En su caso, presentó el artículo «Derechos humanos políticos de los pueblos indígenas y tribales», capítulo que trata la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades indígenas. “En las primeras sentencias -comenta el profesor Paredes-, que datan de 2001, se abocaron fundamentalmente asuntos territoriales, pero en los últimos años, y a propósito del caso Norín Catrimán del año 2012, se ha comenzado a figurar una línea jurisprudencial que ha intentado lidiar con el lado más político y no tratándolo como una cuestión de propietarios, sino que articulando un mecanismos para que los pueblos indígenas participen en decisiones generales del Estado, en términos políticos”.
Por su parte, el profesor de Ciencias del Derecho de la Escuela de Derecho de la Sede Puerto Montt, Dr. Marcos Andrade Moreno, escribió un capítulo referente a «Normas alterativas de derechos y flexibilidad normativa como fundamento del pluralismo dialógico del ICCAL», que ofrece una crítica al pluralismo dialógico como fundamento del Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL). “Centrar el debate en el diálogo interamericano, como defiende el ICAAL, oscurece la relevancia del conflicto entre los diversos regímenes jurídicos e instituciones que buscan ser integrados bajo un arreglo constitucional común”. El enfoque correcto, explicó el académico, es gestionar el conflicto interinstitucional, actual o potencial, con dispositivos interpretativos específicos, que otorguen ciertos espacios de maniobra a los Estados en la diversidad de sus contextos sociales, económicos, culturales y religiosos. “Este debería ser el foco del arreglo institucional que busca instaurar el pluralismo dialógico del ICCAL«.
En tanto, el profesor Dr. Sebastián Agüero San Juan, del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho, agradeció la invitación y reconoció el trabajo realizado en la edición de esta publicación a los profesores Ana Maria D’Ávila, Felipe Paredes y Renata Bergaglio.
El apartado del profesor San Juan, elaborado junto al profesor Jorge Malem Seña, se denomina «¿Toda corrupción impacta negativamente en los derechos humanos? Precisiones al enfoque adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». «Este trabajo colaborativo es uno de los últimos productos derivados del proyecto «MEC80170052 Repensar la corrupción y la judicatura», el cual me ha permitido compartir y trabajar con uno de los expertos latinoamericanos en materia de corrupción, el profesor Jorge Malem Seña”.
“El propósito central del trabajo radica en mostrar los problemas conceptuales y prácticos que tiene adoptar una posición sobreincluyente respecto de la relación entre corrupción y derechos humanos, posición que ha sido adoptada en los últimos años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acarreando problemas tanto en el plano argumentativo como en el combate sistemático de las prácticas venales”, sostuvo el académico.