La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Red Universitaria G9, realizaron esta semana el seminario virtual “Educación Pública Superior de Calidad”. La actividad fue moderada por la directora general de Vinculación con el Medio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Karina Toledo y contó con las exposiciones de José Luis Guerrero, secretario general de la PUCV; Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional PUC; y Raúl Stegmaier, académico del Departamento de Industrias UTFSM.
En sus palabras de bienvenida, el Rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, señaló que la institución organizó este seminario en un nuevo ciclo de encuentros virtuales de la Red G9 donde se abordan temas del mayor interés para la comunidad nacional. “Como país estamos en un momento de discusión constitucional donde sin duda se tienen que adoptar decisiones muy trascendentes en relación a educación superior. Este seminario pretende contribuir en el marco de la discusión constitucional”, añadió.
El Presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, Rector Aliro Bórquez, de la Universidad Católica de Temuco, tuvo palabras de agradecimiento y felicitaciones a la PUCV por el excelente seminario cuyo foco fue la educación pública superior de calidad. “Evidentemente la revisión histórica que hizo el doctor José Luis Guerrero relevó el aporte que han hecho, en términos de bienes públicos, las universidades de la Red G9, lo que claramente ha sido reconocido por el Estado en los distintos gobiernos por más de 100 años. Claramente, la exposición del doctor Bernasconi puso de manifiesto que la calidad del sistema de educación superior sustantivamente se ve potenciado por la libertad de enseñanza y la autonomía de las universidades, pues ofrecen una rica pluralidad de conocimientos y visiones en un sistema diverso como es el caso de Chile”.
El secretario general de la PUCV, José Luis Guerrero, hizo un completo recorrido histórico y legal sobre el nacimiento de las universidades tradicionales. Al respecto, el académico de la Escuela de Derecho PUCV, indicó que en la historia del sistema universitario chileno, desde la mirada de la oferta de estudios, se pueden distinguir tres etapas: una inicial desde 1622 a 1888, una segunda entre 1888 con sistema mixto con instituciones públicas y universidades particulares reconocidas como colaboradoras de la labor educacional del Estado y en 1981 se suma una provisión propiamente privada.
“Los estudios universitarios en Chile se remontan a 1622 donde congregaciones religiosas -dominicos y jesuitas- ofertaron estudios superiores transformando colegios en instituciones pontificias, en la medida que estuvieran alejadas de las de México y Lima. Creándose la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Santiago que tuvo 125 años de existencia hasta 1747. Luego ante la disputa entre los dominicos y jesuitas se creó una universidad real que abrió sus cursos en 1758 denominada Real Universidad de San Felipe en honor a Felipe V. Contó con financiamiento de la corona y fue reemplazada en 1842 por la Universidad de Chile”, precisó.
Guerrero recordó que en 1888 con la creación de la Pontificia Universidad Católica de Chile se inició una segunda etapa con un sistema universitario de doble oferta, pero bajo la tuición general pública del Estado docente, que reconoció a instituciones particulares como cooperadoras de la labor educacional por lo que se conforma un sistema de educación pública en cuanto al ejercicio de la función docente del Estado que es entregada por la Universidad de Chile o por universidades particulares que se les reconoce su labor cooperadora en su labor educacional.
Las instituciones conformaron una red en el contexto del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) en 1954 para coordinar y apoyar las políticas públicas siendo conocidas como las universidades tradicionales. En la actualidad, es integrado por 27 instituciones. Este sistema no fue alterado por la reforma de 1981, sino que adicionó nuevas universidades privadas.
“Todas las universidades tradicionales, si revisamos su historia nacen con un objetivo social, sin fines de lucro y buscando ampliar el acceso a la educación universitaria, cooperando con la función educacional del Estado. Esto se aprecia en sus estatutos. Esto tiene un correlato en su conformación jurídica y son reconocidas como personas jurídicas de derecho público”, complementó.
Los desafíos de las universidades y la libertad de enseñanza
Raúl Stegmaier, académico del departamento de industrias de la UTFSM, abordó la evolución del sistema universitario. “Las universidades deben ocuparse del presente, de lo contingente, pero también como centro de pensamiento, de entender el futuro y adelantarnos a esa dinámica. Las universidades del G9 han ocupado un rol central en esa línea. Al año 2021, un tercio de nuestra población juvenil es la primera generación universitaria. El aporte que hacemos en materia de movilidad como actores de una sociedad con mayor capacidad y mayores habilidades para enfrentar los objetivos del futuro, sigue siendo algo muy significativo”, indicó.
Stegmaier planteó que el proceso donde se podría marcar el desarrollo hacia una educación pública y de calidad, se relaciona con dos aristas: el aseguramiento de la calidad, cómo las instituciones han generado mecanismos e instrumentos de toma de decisión para avanzar y lo otro, el resultado: cómo hacemos una gestión orientada a ese desafío. “La Red G9 ha efectuado un enorme aporte en materia de investigación e innovación y otros. Se requiere avanzar en equidad, en pertinencia a nivel regional, en el potenciamiento de la formación técnica flexibilizando los modelos de articulación”, complementó.
Finalmente, Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional PUC, se refirió a la Libertad de Enseñanza y la Libertad Académica. “Las universidades públicas son autónomas en la medida que la Constitución o la ley les permita. No existe un derecho fundamental de las instituciones públicas de ser autónomas porque no pueden reclamar derechos respecto a la administración pública. La relación de la universidad con la administración estatal se fija por la ley. En la Constitución chilena no existe la autonomía universitaria, es el único país de América Latina, que no lo establece en el documento”.
“Las universidades privadas, en cambio ejercen su autonomía en virtud de la libertad de enseñanza, el derecho de asociación y la autonomía de los cuerpos intermedios, su autonomía jurídica se protege por otras garantías. Son autónomas porque ejercen libertad de enseñanza y su derecho de asociación. La ley no podría desconocer su autonomía constitucional porque ejercen su libertad de enseñanza”, concluyó.
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