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El esperado proyecto de reforma a la educación superior (ES) se encuentra en una encrucijada. Transversalmente criticado, o simplemente rechazado por muchos, no parece alcanzar los acuerdos técnicos y políticos mínimos que lo hagan viable. Por ello el gobierno ha anunciado que priorizará algunos de sus componentes, olvidando definitivamente la idea de una reforma estructural, tan anunciada por el equipo que antecedió a la actual ministra de Educación.
Lamentablemente, hasta la fecha no escuchamos una autocrítica sincera sobre las razones que llevaron al actual estado de uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía y, especialmente, por las comunidades universitarias. Se requiere una reforma a la ES, que la reoriente al único fin de servir al país y contribuir a la calidad, equidad y bienestar de la sociedad.
Por ello resulta imprescindible que la indicación sustitutiva que se ha anunciado garantice que se normará por ley la gratuidad, evitando incertidumbre para las familias y las instituciones. En materia de admisión, normar la permanencia y ampliación de los programas de acceso inclusivo (propedéuticos y Pace, entre otros) que han aportado diversidad, calidad y equidad al sistema. En institucionalidad, es vital la creación de la superintendencia de ES que mejore los sistemas de control; el fortalecimiento del Consejo de Rectores, convirtiéndolo en la verdadera red pública que el país requiere; el fortalecimiento de la institucionalidad de las universidades estatales y el respeto y apoyo a las universidades no estatales del Cruch, mejorando los sistemas de financiamiento basal.
Finalmente, se requiere la incorporación de mecanismos de equidad territorial que impulsen el desarrollo de las universidades regionales, una de las tantas deudas en descentralización y regionalización.
Es de esperar que el país avance al menos en lo imprescindible.