Las decisiones del Tribunal Constitucional respecto al sistema de garantías de los derechos de la niñez; del Ministerio Público, de no perseverar en el caso SQM; y de la Corte Suprema, de indemnizar a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay con 1.000 millones de pesos, son asincrónicas y funcionan como una verdadera confirmación de que el diagnóstico de la multitud ciudadana del 18-O parece correcto: el problema es tan grave que se hace necesario solucionarlo con un cambio muy profundo. Para esto, el proceso constituyente es solo el inicio.
Recientemente, tres importantes instituciones han adoptado determinaciones que parecen calzar mejor con el país que existía hasta el 18 de octubre de 2019.
A fines de julio, el Tribunal Constitucional (TC) sentenció que había normas inconstitucionales en el proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, lo cual impedirá que se conviertan en ley varias disposiciones que eran manifestación de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y que les permitían ejercer y exigir personalmente sus derechos, así como recibir protección directa.
Unos días después, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación por platas políticas que involucra a SQM. Entre los imputados, como se sabe, figura un exministro de Estado e hijos y amigos de políticos.
Por su parte, la Corte Suprema falló que el fisco debe indemnizar a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay con 1.000 millones de pesos. Hay que ser enfático aquí: se trata de un crimen horroroso; aun así, sorprende el monto indemnizatorio que, usualmente, es muchísimo menor cuando de ser compensado por la falta de servicio del Estado se trata.
En lo que respecta al TC, su sentencia es una muestra más –entre un largo listado de casos– del activismo conservador de aquella magistratura, que ha operado como barrera frente a los cambios requeridos por el país, decididos legislativamente. Ese órgano ha sido funcional a una minoría de derecha que defiende el statu quo, sobre la base de confinar a la política (y a la democracia) desde el programa constitucional que dejara la dictadura.
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Pablo Soto Delgado
Profesor de Análisis Doctrinal – UACh