La Convención Constitucional está idealmente diseñada para pensar el futuro, pero inicia su trabajo en medio de una urgencia que exige decisiones también hacia el pasado y el presente. Esto hace de la Convención una institución inserta en un contexto social —en una realidad— en que a las personas les resulta difícil esperar que se solucionen las injusticias permanentes en el largo plazo: la paciencia se acabó con el estallido del 18 de octubre, lo cual fue confirmado por la configuración con la que quedó la Convención luego de la elección de los constituyentes. Esto significa que la situación obligará a la política institucional a trabajar en varios tiempos y con varias velocidades simultáneamente.
Habitualmente, se considera la crisis como un estado de parálisis e indecisión, poco propicio para actuar. Sin embargo, el sentido original de esta palabra es, precisamente, el de “decisión”. Las crisis profundas evidencian que nuestros sistemas de creencias y de acción no dan el ancho para tratar y hacernos cargo de la realidad. Esto es lo que ha sucedido desde hace varios años en nuestro país: el régimen de las soluciones privadas para los problemas públicos dejó de ser el marco de comprensión estable que regía las relaciones sociales, puesto que esa manera de “gestionar” la existencia humana ha producido un conjunto de desigualdades que se volvieron intolerables para muchas y muchos chilenos.
Ante el malestar expresado multitudinariamente como protesta callejera, el gobierno respondió con un lenguaje guerrero-policial obsesionado con el orden público, incapaz de escuchar y tomar el peso a las demandas, confirmando el fracaso de una política cada vez más endogámica y desconectada de la ciudadanía. Evidencia terrible de lo que afirmamos fueron los atropellos a los derechos humanos, las víctimas de mutilaciones oculares por perdigones policiales, y los manifestantes privados aún de libertad sin claridad sobre su destino. Esto no es una manera de decidir una crisis: no es posible apelar a la normalidad del país cuando justamente esa normalidad es la que estalló.
Por supuesto, no se sale de una crisis sin decisión, pero la comprensión y la voluntad requieren un tiempo para aquilatarse. Así, una crisis tiene un periodo de incubación, un brote o estallido, y un estado febril de confusión que finalmente decanta en un juicio sobre el futuro y las posibles vías de solución. Justamente, estamos en ese momento desde la instalación de la Convención Constitucional, órgano escogido por la ciudadanía para generar un nuevo modelo de comprensión de las relaciones sociales e institucionales en el Estado de Chile.
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Pablo Soto Delgado
Profesor de Análisis Doctrinal – Derecho UACh Puerto Montt.