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La Universidad Austral de Chile (UACh) conmemora durante el mes de septiembre su sexagésimo segundo aniversario y, acorde a su misión fundacional, como un actor clave para el desarrollo y bienestar de las comunidades del sur austral del país, con más de 50 carreras de pregrado y un similar número de programas de postgrado (doctorado, magíster y especialidades médicas). Este aniversario recuerda un modo de construir la historia de la Educación Superior (ES) posiblemente ya olvidada. El esfuerzo de las comunidades que, en alianza con el Estado, dieron vida el 7 de septiembre de 1954 a la más austral de las universidades de aquel entonces. Esta fecha rememora también que sólo 62 años atrás al sur del Bío-Bío, y en toda la amplísima extensión territorial que va hasta Tierra del Fuego, no existía una universidad propia. Se rompió de esta manera una larga e incomprensible política que negaba a estas comunidades el derecho a contar con reales capacidades académicas en sus propios territorios. La creación de la UACh fue parte de una reforma de la ES que creó el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh), y un nuevo sistema de financiamiento para todas sus instituciones. El sistema universitario en nuestro país, pero especialmente en el sur de Chile, es inimaginable sin el aporte de instituciones como ésta, a las que, junto a las universidades estatales, el estado reconocía autonomía académica, administrativa y económica y el compromiso de “proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales” (Ley 17.398, art. 10, 1971).
Seis décadas después nos encontramos en la coyuntura del trámite de un nuevo proyecto de ley de ES. Pero a diferencia del anterior, que fortaleció un sistema integrado por universidades estatales y no estatales, el actual pone en riesgo la posibilidad de que siga existiendo un sistema público mixto. Esto es que el país cuente con un conjunto de instituciones que, independientemente de su naturaleza jurídica, tengan el compromiso de cumplir similares funciones sociales y culturales. Se corre así el riesgo de borrar una historia centenaria que le ha dado identidad cultural, social y simbólica a universidades caracterizadas por su orientación al bien común, el bienestar y la búsqueda de la verdad. Lo que está en juego en el actual proyecto de ley no es el interés corporativo de instituciones o grupos de instituciones. Lo que está en juego es el rol que les cabe a futuro a las comunidades universitarias en que está ausente la propiedad privada o de control de cualquier persona o grupo de interés, además de un conjunto de atributos y principios de compromiso público y libertad académica.
Estamos convencidos de que el país requiere de una reforma de la ES y siempre hemos manifestado un ánimo propositivo al respecto, pero al mismo tiempo hemos defendido con firmeza la exigencia de que el proyecto recoja adecuadamente el aporte que han hecho al país todas las universidades del CRUCh y que, lamentablemente, esta iniciativa desdibuja y omite. La reforma debe ser una oportunidad para corregir inequidades, considerando criterios de calidad, equidad, inclusión y regionalidad. La diversidad de nuestro sistema requiere de claras regulaciones, pero sobre todo de apoyo, estímulos y libertad institucional, de manera que cada universidad se desarrolle y aporte desde su misión e identidad histórica y cultural.