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Una mirada crítica al proyecto de Ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal tienen diversos actores del sector, visión que fue expuesta en un Foro panel organizado por el Instituto de Bosques y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, y a raíz del cual hoy se plantea una lista de observaciones.
El Director del Instituto de Bosques y Sociedad, Dr. Víctor Sandoval, comenzó explicando las principales ideas matrices del proyecto e indicó que los mega incendios de este verano gatillaron su presentación. El objetivo de este proyecto -señaló- tiene que ver con la conservación, protección y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y la necesidad de convertir al servicio forestal en una institución pública. Respecto a la estructura orgánica del Servicio, una de las cosas que destacó es la intensión de descentralización del proyecto de ley. “Esto es un aspecto muy importante porque son elementos que tienen que ver con el ordenamiento territorial a nivel de comunas”, precisó. En segundo lugar, rescató del proyecto “la obligación de someter a la Alta Dirección Pública al director, subdirector y jefaturas del SERNAFOR. Esta disposición es fundamental para permitir la continuidad de las políticas públicas, evitar el cuoteo político y la intromisión de personal no calificado en la institución”.
Álvaro Contreras, panelista representante del Colegio de Ingenieros Forestales, explicó que el CIFAG comparte la necesidad de contar con un Servicio Forestal de carácter público y no de derecho privado como es en la actualidad. Sin embargo, realiza un análisis crítico del proyecto y concluye que el Servicio debe ser claro en no superponer atribuciones con otros servicios públicos, como el de investigación de INFOR o el del Ministerio de Medio Ambiente. “Las atribuciones de conservación de la biodiversidad, dentro o fuera de las áreas protegidas deben ser mantenidas en el Servicio Nacional Forestal”, advirtió.
Esta misma preocupación manifestaron otros panelistas, como Carlos Poblete, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. “La disposición que pretende trasladar el Sistema de Áreas Protegidas al Ministerio de Medio Ambiente y su servicio de biodiversidad, constituye un desconocimiento a un logro histórico de CONAF y un cercenamiento de sus facultades, sin objetivos claros, para delegarlo en un Ministerio que no está preparado”, concluyeron. Chile es uno de los países del mundo con mayor superficie de áreas protegidas (cerca del 20% del territorio), cuyo financiamiento es autogenerado en un 40%, logro que pocos países han alcanzado. Además –en opinión de la mayoría de los panelistas y asistentes- el sistema ha sido eficiente en proteger estas áreas de las cortas ilegales y de la agricultura migratoria, como sucede en muchos países de América Latina.
Alberto Tacón, Profesor Adjunto del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la UACh, destacó la larga historia del país en materia de parques y reservas forestales, recalcando que Chile fue pionero a nivel internacional, ya que solo 5 años después de la creación de Yellowstone, se dictó la Ley de Reservas de Bosques fiscales, en 1879.
Para Helmut Huber, de la Asociación Propietarios Bosque Nativo (Aprobosque), esta ley solo responde a la presión social y “será útil únicamente en la medida que se acelera la disponibilidad de recursos para enfrentar emergencias como los incendios de este año”.
En conclusión, los panelistas concuerdan en que este proyecto no valora la importancia del sector forestal para el país, al no contemplar una Subsecretaría Forestal. En este mismo sentido, no reconoce la enorme importancia económica (segundo sector exportador del país), territorial (23 % del territorio nacional) y social del sector forestal (más de 300 mil trabajadores y cerca de un millón de familias). Por otro lado, este proyecto aunque tiene la intención contraria, reproduce el actual esquema centralizado de CONAF. “Prácticamente no se otorgan atribuciones a las oficinas regionales, todo se concentra en el Director Nacional. Por otra parte, mantiene la estructura de carácter funcional de CONAF y no establece unidades de manejo y responsabilidades territoriales para el buen uso de los bosques”, aseveró Luis Otero, investigador asociado del Instituto de Bosques y Sociedad.