En diciembre de 2018 se realizó en Marrakech la conferencia intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para adoptar el pacto mundial por una migración internacional segura, ordenada y regular al que se suscribieron más de 150 países y donde Chile fue uno de los pocos, junto con Israel, Estados Unidos, Italia, Hungría, República Dominicana entre otros, que decidió no hacerse parte, pese a que no es un acuerdo vinculante. El argumento esgrimido por el gobierno, en palabras del actual mandatario, fue que el documento “lesiona y no resguarda los intereses de los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración”.
El propósito del pacto es, por una parte, mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan mantener medios de vida sostenible en sus países de origen, y, por otra, reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en las distintas etapas de la migración. Se manifiestan 10 principios rectores, entre los que destacan la perspectiva de derechos humanos, de género, infantil, la cooperación internacional, la soberanía nacional para determinar su propia política migratoria, respeto del estado de derecho, desarrollo sostenible y la dimensión humana de la experiencia de la migración centrándose en las personas. En la práctica, se proponen 23 objetivos a desarrollar en los países que se suscriben, así como una serie de acciones que permitan lograr la migración segura, ordenada y regular.
Es necesario que se retome la discusión a nivel gubernamental sobre la adherencia al pacto de Marrakech, puesto que la complejidad de la migración internacional requiere que se aborde a través de la cooperación entre países. Junto con ello, urge poner el centro de atención en las personas promoviendo el bienestar de los migrantes en los países de origen, tránsito y destino, así como el resguardo de los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación. Por último, se considera que existen las condiciones para ello, en tanto la nueva Ley de Migración y extranjería que se promulgó en abril 2021 entrará en vigencia una vez que sea promulgado su reglamento, así, pese a las críticas que ha tenido dicha ley desde diversos sectores, se observa como una oportunidad que aún no esté en vigencia.
