Invitados a exponer en las «XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales», los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile Dr. Javier Escobar (Sede Puerto Montt) y Dr. José Ángel Fernández (Valdivia) participaron, de manera presencial, en la actividad organizada por el Departamento de Ciencias Penales de la Escuela de Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la U. de Valparaíso (CIFDE-UV).
La actividad se desarrolló durante los días 5, 6 y 7 de octubre en forma presencial y virtual, y contó con un comité académico en el que participó el profesor José Ángel Fernández, del Instituto de Derecho Público de la UACh.
En la ocasión, el profesor Javier Escobar expuso el 6 de octubre la ponencia «Sobre la necesidad de criminalizar la difusión no consentida de registros con contenido sexual», instancia en que precisó que «la difusión no consentida de registros con contenido sexual, obtenidos o producidos con el consentimiento de la víctima, es un fenómeno que, lamentablemente, ha ido en aumento en las últimas décadas. Actualmente, el Derecho Penal chileno no contempla un delito que sancione este tipo de casos, existiendo por tanto una laguna de punibilidad. El presente artículo tiene por finalidad argumentar en favor de la criminalización de la difusión no consentida de registros con contenido sexual, incorporando un tipo penal específico».
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Por su parte, el profesor Fernández participó con la ponencia «Bases para una regulación del mercado de cannabis en Chile: especial referencia a sus aspectos penales». La discusión política (criminal) sobre el consumo y tráfico de productos derivados del cannabis psicoactivo no gira ya en el mundo civilizado sobre su legalización o despenalización, sino cómo debería regularse este mercado. Los sistemas regulatorios en el derecho comparado han sido reconstruidos por la doctrina en dos grandes grupos: modelos comerciales y no comerciales.
“El derecho tributario, el derecho administrativo y el derecho penal constituyen las ramas del ordenamiento jurídico que tienen una mayor incidencia en la regulación del mercado de cannabis. La intervención del derecho administrativo se centra en tres puntos fundamentales: la regulación, el sistema de sanciones y el diseño institucional. En cuanto al diseño institucional, dos son las cuestiones principales. En primer lugar, la pertinencia de crear un órgano o institución especial de control y fiscalización de este nuevo mercado y, en segundo lugar, la participación de los gobiernos regionales y municipales en el contexto del proceso de descentralización chileno”, explicó el académico.
Una de las principales ventajas aducida por los partidarios de la regulación es la posibilidad de aplicar medidas tributarias a la producción y venta del mercado de cannabis. “Así, a través de impuestos y tasas, se contribuye a la reducción de la deuda pública, se financian proyectos sociales relacionados con los efectos indeseados del consumo de drogas y se regulan, si resulta necesario, los precios. Además, se produce, como consecuencia de la creación de empresas y puestos de trabajo, un aumento de la recaudación fiscal en concepto de renta y sociedades”, sostuvo.
Entonces, agregó el académico, a partir de este cambio de paradigma se derivan importantes cuestiones político-criminales: ¿Se debe mantener la protección penal en el mercado ilegal? ¿Se debe castigar solo casos especialmente graves como, por ejemplo, la venta a menores o toxicómanos? ¿Resulta necesaria alguna medida penal en el mercado regularizado? Y, si fuera así, ¿Cómo deberían tipificarse y penarse estas conductas?
“Una futura regularización no reducirá de manera considerable los efectos negativos ocasionados por el modelo penal. El nuevo mercado regulado va a tener que competir con un mercado ilegal estructurado y de larga data. Así, el mercado ilegal puede ofrecer precios más baratos o productos o concentraciones de THC prohibidas en el mercado regulado; o una presión tributaria excesiva puede incentivar al mercado ilegal. Incluso, este puede centrar sus actividades en otro tipo de drogas o formas de comercio ilícito como la migración, la trata de personas o la venta de armas. Por tanto, la regulación del mercado de cannabis tiene una importante dimensión político criminal», puntualizó el profesor Fernández.
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