Con el objetivo de contribuir a la implementación de una estrategia de financiamiento sostenible para las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Programa Austral Patagonia, junto a un equipo de economistas de la Universidad Austral de Chile, dieron a conocer el resultado del estudio “Estimación presupuestaria de dieciocho parques nacionales de la Patagonia chilena”. Éste determina el costo de inversión que tendría la gestión efectiva de parques nacionales, y la brecha presupuestaria para llegar a dicho monto, proyectada a 15 años.
“Esperamos que este estudio ayude a orientar la discusión del presupuesto anual destinado al manejo y protección de las áreas silvestres del Estado o, al menos, a reconocer en primera instancia que los montos asignados a esa misión históricamente han estado muy por debajo de lo que las áreas protegidas demandan para cumplir con su función de conservación”, señaló el profesor Juan Carlos Miranda, investigador principal del estudio, académico del Instituto de Estadísticas y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.
Basado en la información de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Gobierno, el estudio caracteriza el escenario actual de financiamiento de las áreas protegidas, a la vez que construye un escenario ideal u óptimo que considera los recursos mínimos con los que se debe contar para realizar una gestión eficaz y eficiente de las áreas silvestres protegidas, particularmente de 18 parques nacionales de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes utilizados como piloto en este estudio. Considerando el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) para el año 2022, se calculó una brecha presupuestaria que, proyectada a 15 años, asciende a un promedio anual de 16.926.000.000 millones de pesos. Sólo a modo de referencia, este monto es similar a los asignado anualmente a CONAF para la administración de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (19.000 millones de pesos el año 2023) compuesto por 106 áreas protegidas.
“En Chile hemos avanzado de manera importante en la protección de ecosistemas críticos de la Patagonia, pero queda aún mucho por hacer. Existe, todavía, el sinsentido de tener buenas cifras oficiales de protección, pero sin un presupuesto adecuado para que cumplan con su finalidad, es decir, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, y la generación de bienestar a las comunidades cercanas y a sus visitantes”, explicó el Dr. César Guala Catalán, director del Programa Austral Patagonia de la UACh. “Conociendo la magnitud de la brecha presupuestaria para hacer una buena gestión, el Estado debiese reorientar la asignación de fondos a la conservación de sus áreas protegidas, más aun considerando la meta de proteger el 30% de biodiversidad del planeta al año 2030”, agregó.
Desde su creación el año 1984, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado ha tenido un presupuesto acotado que, a juicio de los especialistas, ha sido insuficiente para las demandas propias de su función. A pesar de ello, para el año 2023 la asignación de recursos para esta entidad fue un 21% menor respecto al presupuesto 2022, con lo cual se dificulta la contratación de una planta óptima de guardaparques y la dotación de los elementos necesarios para el resguardo del área ante peligros como el ingreso de ganado, la propagación de especies invasoras, los incendios, el uso inadecuado por parte de los visitantes, entre otros.
“Esta investigación entrega una oportuna visualización de las necesidades que hoy presenta la conservación de las áreas silvestres protegidas de la Patagonia chilena, incorporando la mirada territorial de los equipos y guardaparques de CONAF de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes”, señaló por su parte Christian Little, Director Ejecutivo de CONAF, aludiendo a la participación clave que tuvo en este estudio el personal administrativo y directivo de CONAF de las regiones señaladas, quienes entregaron su visión acerca de los principales recursos requeridos para el fortalecimiento y mantenimiento de los parques nacionales analizados.
Chile está entre los 10 países que menos invierte en la gestión de su biodiversidad, y entre los 14 que menos guardaparques tienen por hectárea protegida a nivel mundial, además de poseer 21 Áreas Silvestres Protegidas sin infraestructura ni personal asignado, por nombrar algunos datos. Esto, a juicio de Maximiliano Sepúlveda, senior officer de The Pew Charitable Trusts, evidencia la deuda histórica que el país tiene con sus áreas protegidas y que es urgente revertir. “Es clave que el Estado y la sociedad sean conscientes de las oportunidades de desarrollo que presentan las áreas protegidas. El resguardo efectivo de la naturaleza no sólo conserva nuestro patrimonio natural, sino que también sustenta actividades económicas compatibles como el turismo de naturaleza, que permiten un desarrollo en esos territorios y mejora el bienestar de las comunidades. Para esto es fundamental que las áreas protegidas sean vistas como una inversión para el desarrollo sostenible. La estimación de la brecha financiera para la adecuada gestión de áreas protegidas es un insumo clave para esta política pública”.
“Es fundamental tener sentido de futuro respecto a los pasos que se deben ir dando para una buena gestión de estas áreas. En la actualidad, como Corporación administramos 106 áreas silvestres protegidas a lo largo del país, garantizando la conservación de los ecosistemas, potenciando el desarrollo de las comunidades locales mediante un turismo sustentable”, finalizó Little.