El 7 de noviembre recién pasado la Asociación Chilena de Municipalidades, adoptó una decisión política que, de implementarse adecuadamente, puede contribuir a canalizar -o forzar- una salida democrática e institucional a la crisis social que vive Chile. La decisión de hacer una consulta ciudadana es sensata, viable y una forma de hacer participar a una gran cantidad de chilenos que desean ser escuchados, sobre los temas que hoy se han tomado la opinión pública. Es cierto que no es vinculante con lo que debe hacer el Gobierno o el Congreso, especialmente en lo referido al cambio de la constitución, ni amparada en la Ley 20.500, pero si dará una señal política, que de hacerse bien, puede ser una notable contribución al debate y a una posible “salida política”.
Pero, ¿qué implica “hacer bien” una consulta ciudadana en un contexto de crisis social y sin el Servel conduciendo el proceso? Ya se ha dicho que lo que se pregunta y cómo hacerlo es importante, es decir, lo que incluirá la o las papeletas es de suma relevancia. Adicional a esta idea general, son relevantes a lo menos cuatro aspectos que puedan garantizar que los resultados reflejen sustantivamente las preferencias de la comunidad.
Vamos por parte, ¿qué propuso consultar la ACHM? El Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) fue mandatado por los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas del país para realizar una Consulta Nacional el día 7 de diciembre. Los temas que se consultarán serán los siguientes: Necesidad o no de una nueva Constitución para Chile; y priorizar las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía (pensiones, salud, equidad, sueldos, servicios básicos, transporte, seguridad, medio ambiente, pueblos originarios, agua, corrupción y abusos, entre otros), Cada región podrá incorporar temas de interés propio. Así al menos lo planteó la ACHM.
Primer aspecto a considerar. Modalidad de consulta. ¿Todos los municipios ocuparán la misma modalidad de consulta ciudadana?. Por ejemplo, es necesario dejar claro si será por medio de voto en papeleta o electrónico, si se usarán ambos, si será universal, o si también entenderán como consulta lo que están haciendo algunos municipios hasta ahora. Esto resulta relevante porque algunos municipios han señalado que están haciendo “consultas”, a través de reuniones en sectores de sus comunas y sólo con algunos dirigentes “afines” donde se invita a la comunidad a priorizar algunos temas de interés. Claramente, esto último no es consulta ciudadana tal como se está planteando en la opinión pública. Por ello, es necesario dejar claro que el 7 de diciembre la intención es hacerla con papeleta y que no se contabilizarán resultados de reuniones previas.
Segundo aspecto. Tipo de pregunta. La forma de la pregunta que se hará es de vital relevancia, ¿será la misma en todas las comunas que realicen la consulta? O en algunos municipios se dejará la libertad para que la redacción sea localmente. Por ejemplo, qué pasaría si en algunos municipios se consulta ¿quiere cambios a la constitución? Y en otros ¿quiere cambiar la constitución? Ambas no son iguales y reflejarían preferencias, resultados y conclusiones distintas, y por supuesto sus promotores requerirán información diferente para una u otra pregunta previa a la consulta.
Tercero. Difusión de alternativas. El tiempo que se dedicará a difundir la consulta y sus contenidos es de vital relevancia. Tiempo, modalidad y espacios de difusión de la información previa para que la ciudadanía vote lo más informada posible. En este sentido cabe preguntarse ¿quién promoverá ese proceso? Se debe definir si será solamente el municipio, o el municipio y universidades locales, o un comité comunal integrado por actores locales diversos que ofrezcan garantía para que el proceso tenga espacios transparentes, iguales y permanentes de difusión. Por ejemplo, si las radios locales cobran por promocionar las alternativas en disputa, ¿quién asumirá ese costo? Supongamos que un municipio X, apoya no cambiar la constitución y compra un espacio de difusión radial para que hablen sólo dirigentes sociales que apoyan cambios en la constitución y no aquellos que apoyan cambiar la constitución o viceversa, ¿cómo o quién garantizará igualdad de difusión en este contexto?
Cuarto. Neutralidad del proceso. ¿Cómo se garantizará la neutralidad del proceso previo a la consulta y en el conteo de los votos? Dónde se votará y contarán los votos, ¿en recintos puramente municipales o también en recintos públicos? ¿Se aceptarán veedores o apoderados que defiendan las alternativas en disputa? Estas y otras preguntas es necesario realizarlas y resolverlas previamente para dar garantía de la transparencia del proceso. Para ello es necesario que alcaldes y organizadores de la consulta se apoyen lo más que puedan en instituciones o en universidades públicas, privadas, estatales y regionales para que puedan sumar actores que se vinculen en el proceso, y que a través de la pluralidad de estos, se pueda ofrecer un mínimo de garantía y neutralidad a las alternativas que participarán en el proceso de consulta.
La iniciativa de los alcaldes tiene un inmenso valor, es valiente, sensata y solidaria en momentos donde prima la parálisis política y la reacción violenta a las demandas sociales, aparece una propuesta democrática. Por esta razón hay que apoyarla y ponernos a disposición de esta iniciativa, pero para hacerla bien.
Si bien la consulta no es vinculante, una masiva participación de los chilenos no tengo duda que la encaminará a ser escuchada. Mientras más gente se exprese, mayor fuerza tendrán las propuestas de cambio. La participación ciudadana es clave en una democracia para canalizar demandas y malestares ciudadanas, y de alguna forma, aminorar posibilidades de estallidos sociales violentos. Pero se debe abordar y canalizar en forma seria, responsable, transparente, con métodos y compromisos mensurables. De lo contrario deviene en decepción y frustración.