Las 20 universidades regionales del CRUCH agrupadas en AUR, vemos cómo la discusión sobre la reforma a la educación superior y la política de gratuidad sigue ignorando las inequidades socio – territoriales y las potencialidades que ofrecen las distintas regiones y comunidades de nuestro país.
El compromiso de estas universidades, emplazadas desde Arica a Magallanes, con el desarrollo de Chile es innegable. Ellas impulsan su quehacer intelectual, la inclusión, valoran la diversidad cultural y atienden la vulnerabilidad, colaboran con el sector productivo, apoyan políticas públicas, promueven la cultura y rescatan la identidad de los territorios. Sus actividades promueven el desarrollo de todo Chile.
Es justo que la reforma a la educación superior y la política de gratuidad considere que los costos de la docencia son mayores en regiones que en Santiago y muy superiores en las extremas. Los índices de vulnerabilidad de las universidades regionales son los más altos del sistema de educación superior chileno; el 72% de sus estudiantes pertenece a los 3 grupos de ingreso más vulnerable.
Se requiere definir con mayor objetividad los criterios de calidad en la docencia universitaria. Muchos de los estudiantes de las universidades regionales son de origen rural y tienen un menor capital cultural y social. Debe asumirse que su formación demandará mayor tiempo y esfuerzo por parte de las universidades. Los criterios de calidad, en un país que se reconoce diverso y con profundas desigualdades, deben considerar tanto el resultado final como el proceso. Esta obviedad se ignora en el actual debate.
Chile necesita tener universidades de clase mundial, y hay que apoyarlas; pero aún más, fortalecer a aquellas que con su trabajo ayudan a superar las agraviantes inequidades sociales y territoriales.
La gratuidad también debe incluir incentivos que permitan a los estudiantes y académicos enfrentar los mayores costos de mantención que significa vivir fuera de la capital. Y también debe asumir que el número de alumnos por curso tiende a ser menor en regiones, lo que afecta especialmente a aquellas localidades con menor población estudiantil.
Estimamos que los recursos para gratuidad deben asignarse por regiones y universidades. Una política de “vouchers” personalizados incrementaría la fuga de talentos regionales a Santiago, situación que acentúa el rezago de desarrollo regional.
La reforma a la educación superior en curso no puede olvidar las realidades regionales y debe poner atención a sus particularidades a través de políticas diversificadas y adecuadas a las diferencias territoriales.
Un país que declara que todos somos iguales en derechos y posibilidades no puede aceptar otra política pública que ignore, una vez más, las realidades locales y agudice el centralismo que agobia al país.
Tengamos presente que Santiago no es Chile.