Declaración Universidades Públicas no Estatales del CRUCh

La Red de Universidades Públicas no Estatales – G9 manifiesta su preocupación al país ante el contenido del proyecto de ley que reforma la educación superior, el cual hemos conocido esta semana. Nuestras instituciones comparten los objetivos y principios generales de esta necesaria reforma, que busca avanzar en calidad y mayores niveles de inclusión, equidad y transparencia.

Las universidades que integran esta Red cumplen un indiscutible rol público, son parte central y fundadoras del sistema de educación superior de Chile, aportan sustantivamente a su desarrollo, cuentan con un prestigio avalado por más de un siglo de historia y servicio al país en diversos ámbitos, y por distinguirse con los más altos indicadores de calidad de la CNA y destacar en rankings internacionales como QS y Times Higher Education, posicionándose como referentes en Chile y el mundo.

Hoy, la Red G9 entrega educación a más de 140 mil estudiantes, muchos de los cuales provienen de contextos vulnerables, siendo casi 45 mil de ellos beneficiados con la nueva política de gratuidad; es pionera en el PACE, acogiendo al 71% de estudiantes talentosos que ingresaron por esta vía a la educación superior en 2016; cuenta con más de 12 mil académicos, de los que un 65% tiene posgrado; cada año gradúa a más de 20 mil profesionales, magísteres y doctores; realiza importantes aportes en investigación, registrando el 52% de las publicaciones indexadas y el 50% de los proyectos concursables del Consejo de Rectores (CRUCh); lidera el ranking de solicitud de patentes de INAPI; cuenta con más de 200 proyectos colaborativos con las universidades estatales, y contribuye activamente al progreso regional, cultural y social del país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Esta innegable contribución no se reconoce en el proyecto de ley presentado:

– No se considera la naturaleza pública de nuestras universidades, a pesar de estar reconocidas en la legislación desde 1927, como el DFL 7500 que las define como personas jurídicas de derecho público.

– Se genera una clara discriminación entre instituciones que cumplen similar función, poniendo en riesgo el desarrollo futuro de nuestras comunidades.

– Se minimiza la contribución del CRUCh, organismo constituido por ley y que por más de 60 años ha cumplido un rol clave en materias de educación superior, lo cual debilita al sistema en su conjunto.

– Nos preocupa que no se valore ni se explicite un apoyo a la diversidad del sistema, el cual siempre debe priorizar la calidad; otorgar un trato equitativo a todas las universidades públicas, sean estatales o no estatales; propiciar un financiamiento de acuerdo a la envergadura del aporte público que genera cada institución; e impulsar un desarrollo territorial y regional equilibrado.

– La eliminación, en un plazo de cinco años, de los fondos basales que han recibido por más de 80 años nuestras universidades, es ignorar su aporte pasado y presente, y significa inevitablemente un deterioro en sus proyectos educativos y proyección futura. 

La relevancia de esta nueva política pública radica en que determinará el paradigma de la educación terciaria en los próximos años en el país. En consecuencia, hacemos un llamado a los parlamentarios y, particularmente, a los representantes de las regiones en que están insertas las instituciones de la Red G9, a tener una efectiva consideración de nuestros planteamientos. Asimismo, abogamos por una reforma inclusiva, tanto en su proceso de formulación como en sus disposiciones finales, a fin de conferir al país un marco integrador que entregue garantías de desarrollo a los estudiantes, sus familias y al país.