“Diálogos en torno al documental Las Cruces: memoria y apropiación de registros de pasadas violaciones de derechos humanos” se denominó la actividad que exhibió el documental que relata el caso de la ejecución de 19 trabajadores de CMPC en Laja, en 1973, y que culminó con los comentarios entre los asistentes.
La actividad de lanzamiento -que se enmarca en el proyecto Anillos CONICYT-PIA SOC180005 “Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos en Chile”- tuvo lugar el jueves 13 de junio en la Sala Paraninfo de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.
La inauguración estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Juan Andrés Varas Braun, quien, junto con saludar a la Prorrectora de la casa de estudios, Dra. Carola Otth Lagunas, y al público presente, resaltó el valor y el compromiso que la Corporación tiene con los derechos humanos y con la preservación de la memoria. “Una de las emociones que, hasta 1990, nos paralizó como sociedad fue el miedo que, sin duda, nos hizo un daño brutal. Hoy, el Proyecto Anillos Tecnologías Políticas de la Memoria nos convoca a un ejercicio cuyo objeto final es evitar que ese miedo nos vuelva a atrapar, es un ejercicio de amor por el futuro, tarea que ya están desarrollando las instituciones involucradas en esta iniciativa”.
La directora del Proyecto Anillos Tecnologías Políticas de la Memoria y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Oriana Bernasconi, dijo que “este documental es único en su tipo, ya que ocupa un expediente judicial para relatar la muerte de 19 trabajadores en Laja. Esto significó un gran trabajo de investigación que muchas veces queda circunscrita a un cierto grupo de expertos y no se da a conocer a la sociedad, en virtud de que el arte en general es un vehículo muy potente para difundir esas verdades jurídicas”.
La Dra. Daniela Accatino, investigadora del proyecto y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh, comentó que “nos preocupa el valor de los documentos, de los registros como evidencias que perduran y que sobreviven a los testimonios de las personas que consideramos son herramientas útiles y necesarias para la memoria. Para el proyecto, nos interesa estudiar qué está pasando con esos documentos y cómo y dónde están siendo usados esos registros”.
Por su parte, la jefa del área Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria, María Luisa Ortiz, manifestó que “nos parece importante este tipo de actividades que integran distintas miradas desde distintas instituciones y no se centra solo en la capital. Somos un museo que nace para romper con esos ‘miedos’ que mencionó aquí el Decano, nace para hacernos cargo de nuestro pasado, para mirarnos, pensar y reflexionar con una visión crítica y emprender el camino hacia un futuro mejor”.
Proyecto Anillos “Tecnologías Políticas de la Memoria”
El Proyecto tiene como principal objetivo investigar y evaluar el uso actual de los registros existentes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura chilena (1973 a 1990), considerando tanto los archivos de organizaciones privadas, entre los que destaca el de la Vicaría de la Solidaridad, como las sentencias y expedientes judiciales. Se consideran tanto las interacciones entre esos dos tipos de dispositivos, como sus apropiaciones actuales en espacios de memoria, en la educación en derechos humanos y en la producción cultural, en particular en la literatura de ficción, y en obras audiovisuales.
El proyecto Anillos es parte del Programa de Investigación Asociativa (PAI) de CONICYT y fue presentado por la Dra. Bernasconi y la UAH como institución principal, en asociación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Universidad Austral de Chile. Del mismo modo, cuenta con la colaboración de investigadores extranjeros de la Universidad de Ulster (Irlanda del Norte) y de la Universidad de Londres (Goldsmiths, Inglaterra).
La Dra. Daniela Accatino y la Dra. Antonia Torres, ambas profesoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh, son investigadoras del proyecto que tiene una duración de tres años y que compromete alrededor de 300 millones de pesos, financiados por Conicyt.