“Este impuesto partió en 1985, creado para ayudar a reconstruir redes viales luego del terremoto de ese año. El cual no se aplicó a las mineras, las grandes empresas o las aerolíneas porque no ocupaban carreteras. En el Gobierno del Presidente Lagos, se cambió esta idea de que el Estado fuese quien manejara el tema de obras públicas y se concesionaron las carreteras. Por lo tanto, todos los argumentos indican que el impuesto no puede seguirse sosteniendo, pues ya no cumpliría el fin para el cual fue creado” ése es un primer punto que sostiene mi aseveración, señaló el Prof. Jorge Díaz.
“En segundo lugar: del 100% del consumidores de combustible en el país, tan sólo el 20%: SÓLO EL VEINTE PORCIENTO paga este impuesto! Y quiénes pagan este impuesto? Son las personas y algunos transportistas. Es decir, tan sólo 1/5 de las personas tienen que sostener toda la carga de impuestos”, puntualizó el académico.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UACh agregó: “Y un tercer argumento, es quizás el más complicado de todos, es que la recaudación de este impuesto no se deriva fundamentalmente de un beneficio real, vale decir, no porque haya un aumento en la actividad económica, no porque haya un beneficio general. O sea, el mayor beneficio del Estado, en la recaudación de este impuesto, se produce cuando suben los precios. Entonces, cómo no va a ser inmoral que el Estado se termine beneficiando del ahogo de las personas, no porque consuman más combustible, no porque usen más el vehículo y usen más las carreteras. Sino porque al subir los precios, el Estado se beneficia de este impuesto. Esos tres elementos conforman una base de argumentos para un impuesto que: moralmente es insostenible, es en apariencia, muy difícil de encontrar una solución política al respecto y técnicamente muy factible de solucionar”, concluyó el Profesor Jorge Díaz.
Principio de la equidad
El Decano, Prof. Jorge Díaz declara: “Ocurre que dentro de los principios de la legislación, los impuestos tienen que tener una base moral. Es correcto que el Estado recaude de los ciudadanos, pero no es correcto que esta recaudación atente en contra de uno de los principios que toda legislación fiscal tiene, tributaria en este caso: que es el principio de la equidad. Existen dos tipos de equidad: equidad vertical y equidad horizontal. La primera refiere a que los que más tienen, pagan más y la segunda, dice relación con que quienes son iguales, deben ser gravados de manera similar. Pero aquí ocurre una cosa distinta, que rompe con la equidad, tanto vertical como horizontal, porque 1/5 de las personas resiste toda la carga impositiva de este tributo y al 80% del consumo, no los toca. Pero el tema se complica más todavía: sólo el impuesto a los combustibles se encarga de recaudar sobre los 2 mil millones de dólares al año y ése es una parte importante de la recaudación fiscal. Y por lo tanto, complicaría demasiado a las arcas fiscales la eliminación de este impuesto”
Posibles soluciones
El académico puntualizó: “Yo creo que lo primero que hay que hacer, es buscar transparencia sobre este impuesto. Pues cada vez que se toca el tema, nunca se llega a nada concreto: está lleno de cifras extrañas, la forma en la cual se calcula el precio no se entiende, los argumentos para explicar las alzas son poco claros… La autoridad, en general, es bastante reacia a tocar este tema”.
Y por otra parte, agregó el Profesor Jorge Díaz: “Creo que sí se pueden hacer cambios: Qué pasaría si el impuesto pueda reducirse a un tercio del actual, pero aplicado a todos los demás. A todo el espectro que actualmente no tributa. Eso significaría que la rebaja por litro debería andar alrededor de los $180 por litro y aun así, se terminaría recaudando 4 mil millones de dólares anualmente.