Bullados casos con problemas de contaminación que provocan impactos sociales y que involucran “organizaciones privadas, estatales y sociales” están en la mira. La triada antes señalada nos recuerda el ensayo de Milton Friedman (New York Times en 1970): “la responsabilidad social de la empresa (RSE) es incrementar sus beneficios”; así también, responsabiliza a las personas y no elude que las empresas siempre hacen RSE con el empleo, las remuneraciones y los pagos tributarios (salidos del bolsillo de los empresarios) acarreando beneficios a la sociedad. Igual no trepidó Friedman en calificarla de “doctrina fundamentalmente subversiva” en una sociedad libre (libro Capitalismo y Libertad). Hoy la mirada ha evolucionado y el impacto que generan los diferentes ejemplos de problemas ambientales nos obliga a modificar el entorno para hacerlo más sostenible, social y empresarialmente.
Algunos de los descalabros más recientes son, ESSAL con el agua en Osorno, que ya estimó en $2.500 millones las indemnizaciones que deberá pagar a sus clientes afectados y una menor facturación para la compañía de $250 millones (a la Comisión para el Mercado Financiero). También están las castigadas comunas de Til Til, Quintero y Puchuncaví, hoy, esta última, con las hortalizas contaminadas con arsénico. Luego aparece el derrame de 40.000 litros de un producto refinado del petróleo en las costas magallánicas.
Tenemos la obligación de no seguir mirando el crecimiento a costa del medio ambiente o el maltrato a las comunidades, como ya el exministro José R. Valente señalaba el año pasado. Hay que dejar de pensar que la RSE sirve para esconder acciones. Y es aquí donde aparece la Licencia Social para Operar que implica un aprendizaje continuo y dinámico de los procesos sociales y ambientales del entorno inmediato, trabajando las buenas prácticas para hacer concordar la actividad industrial con el consentimiento del entorno social. Son procesos permanentes y envuelven una RSE honesta y veremos que estas acciones acrecentarán el valor de la compañía. Sino la estabilidad del entorno empresarial tambalea. Por el momento, está el proyecto que explora inhabilitar a superintendentes con pasado directivo en empresas para acabar con la puerta giratoria entre organismos fiscalizadores y empresas fiscalizadas. Esto suma y sigue.