Chile regresa a la Corte Internacional de Justicia en virtud de la decisión adoptada el 2016, y por la cual -el gobierno de Bachelet- se adelantó a la amenaza boliviana de demandar a nuestro país por el asunto del río Silala. La demanda nacional evidenció, en un primer momento, la existencia de una diferencia relativa al estatus jurídico que Chile y Bolivia reconocen a las aguas de este río.
Mientras Chile señalaba que éstas son parte de un sistema fluvial que nace en Bolivia y que genera un curso de agua que llega a nuestro país en función de la gravedad, Bolivia aducía que el agua que llega a Chile es producto de una canalización artificial, por lo que nuestro país no tendría ningún derecho respecto al aprovechamiento de estas aguas. Sin embargo, esto cambió el 2018, en función de la respuesta altiplánica a la memoria presentada por Chile. Esto es así, ya que Bolivia modificó no sólo el tenor de su discurso, sino también su estrategia jurídica. Ahora, Bolivia sí reconoce que estas aguas traspasan naturalmente la frontera que divide a ambos países, por lo que -en esencia- le da la razón a la postura original de Chile, lo que implica que La Corte debiera establecer que el Silala es un cauce de aguas internacionales, reconociéndose -en consecuencia- una serie de obligaciones internacionales que deben ser cumplidas por los Estados ribereños en el marco del derecho internacional consuetudinario, como por ejemplo, el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas, así como la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que prevengan cualquier tipo de daño que pudiera afectar a las aguas que llegan a los países ribereños, entre otras. No obstante, la nueva posición boliviana aduce que, a partir de la existencia de canalizaciones artificiales, el caudal que llega a Chile es mayor que el que debiera llegar por gravedad, lo que evidenciaría no sólo un aprovechamiento ilícito de estas aguas, sino también la existencia de un flujo artificial, lo que ameritaría no sólo ser corregido, sino también reparado.
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