En los últimos años se ha producido un aumento significativo de la matrícula de estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno. Para las instituciones educativas esto ha implicado establecer estrategias de acompañamiento focalizadas a procesos vinculados con la migración: adaptación cultural, barrera lingüística, convalidación de estudios, trámites para la obtención de residencia y permanencia definitiva, entre otros. Esto ha sido un desafío para el sistema educacional en su conjunto, pero a la vez tensiona diversos aspectos al no estar preparado para su inclusión.
Por esta razón, se hace necesario contar con un enfoque desde las políticas públicas que permita comprender la educación desde la óptica de la frontera, donde la inclusión debiese ser parte de ese proceso reflexivo. Es más, si analizamos la Nueva Ley de Migraciones promulgada en abril de este año 2021, podemos darnos cuenta de que ésta tiene un fuerte énfasis en el control y el freno de migrantes que ingresan al país, donde se evidencian pocos avances en materia de Derechos Humanos. En esta línea, el ámbito de la educación pareciese olvidado en la nueva Ley, ya que sólo consagra normas administrativas de acceso ya existentes a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile[1] sin proponer o garantizar elementos fundamentales como la permanencia y la participación plena de los/as mismos estudiantes migrantes en el sistema educacional.
Este hecho no es menor si consideramos que la política educacional actual carece de aspectos como los ya mencionados. Por ende, la discusión de toda esta dinámica debiese ir encaminada a como comprendemos en la práctica esta intersección entre el proceso migratorio y el sistema educativo el cual tiene una arista humana, educativa y política. A nivel humano actualmente se observan niveles de frustración y angustia crecientes entre estudiantes y sus familias, en la medida que los trámites administrativos se atrasan o no llegan a puerto al mismo tiempo que inician la trayectoria educacional y viven, en general, una experiencia de exclusión que se suma a las complejidades propias del insertarse en un nuevo país. A nivel educativo se observan fenómenos como suspensiones y deserciones, fundamentalmente, por incertidumbre sobre la manera de financiar los estudios, sobre todo en educación superior; además, en este mismo nivel, se observa que los trámites incompletos y la falta de financiamiento (con la potencial deuda que ello implica) afecta la inserción académica, personal y social de este grupo de estudiantes. A nivel político se produce una contradicción entre las metas de equidad e inclusión declaradas, y la práctica, la cual muestra una serie de barreras que reman en sentido opuesto a la generación de condiciones de equidad (aunque declaren apuntar hacia ella).
En definitiva, el fin de toda ley debe ser garantizar los derechos y dignidad de las personas, permitiendo posibilidades de inclusión sin claros oscuros ni premisas segregadoras… aún queda camino por recorrer.
[1] Artículo 17. Nueva Ley de Migraciones
El Llanquihue 10/07/2021
El Insular 09/07/2021