Evidentemente, tal es la magnitud y complejidad de las circunstancias, actores y procesos, que difícilmente una declaración de opinión podría abordarla desde todos sus ángulos. Hoy en día, el movimiento indígena constituye un fenómeno de enorme complejidad e impacto social, de tal manera que su presencia en la sociedad y política chilena resulta insoslayable (Bengoa, 2012). Sin embargo, desde un punto de vista analítico, conviene tener presente una serie de antecedentes, que han incidido en la actual situación del conflicto.
En primer lugar, desde una mirada sociopolítica, analistas de la situación actual de los pueblos indígenas han señalado la responsabilidad que le cabe al Estado en la agudización e irresolución del denominado “conflicto mapuche” (Bengoa, 2012; Mella, 2007). En el estado del arte, la ocupación del territorio mapuche por parte del Estado desde mediados del siglo XIX constituye uno de los principales factores del conflicto. Asimismo, la fuerte expansión del rubro forestal, que tiene control sobre los territorios que las comunidades reclaman para sí, ha provocado profundos cambios en el mercado de la tierra, en el ecosistema ambiental y sociocultural, afectando a los pequeños agricultores mapuche. En otros casos, el Estado de Chile ha dado luz verde a la construcción de represas hidroeléctricas en territorio mapuche, poniendo la cuestión del progreso por sobre los derechos de los pueblos indígenas, en general, y mapuche, en particular (Pairicán, 2015). En segundo lugar, el debate se ha dado en el marco de un escenario complejo, no exento de conflictos sociales y jurídicos, ya que ante los derechos internacionales, Chile es conocido por las serias dificultades que ha debido enfrentar en el resguardo de los DD.HH. de los pueblos indígenas (Durán, 2007; Bengoa, 2012). Los informes de los relatores especiales de la ONU han coincidido en que los pueblos indígenas son el talón de Aquiles en materia de Derechos Humanos en Chile, por la aplicación de normativas de excepción, como la Ley Antiterrorista, que lejos de resolver los conflictos sociales, los han aumentado.
Actualmente, el conflicto es percibido por la opinión pública como una movilización creciente y progresiva, que se extiende a lo largo de la Araucanía, como también en las actuales VIII y X regiones de Chile. Los medios de comunicación han cumplido un papel en la visión del conflicto, y no es desconocido el actual fenómeno de criminalización que se da en torno a la protesta indígena en el país (Vergara, Gunderman y Foester, 2013).
En este encuadre de causales sobre el actual escenario en la Araucanía, se suma la complejidad de actores e intereses involucrados, configurando una serie de variables, de orden histórico, político, económico e ideológico, entre otras. Para muchos, la situación no se resuelve mediante políticas asistencialistas, ni a través de declaraciones de buenas intenciones o compromisos (in)cumplidos. Entonces, la interrogante es ¿cómo debería enfrentarse un conflicto de tal envergadura? En el plano jurídico, el problema tampoco está resuelto, pues Chile no ha logrado avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, siendo uno de los países latinoamericanos más atrasados en esta materia. Del mismo modo, desconoce en su Constitución los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Desde otro ángulo, en el contexto socioeducativo, a partir del año 2009 se ha implementado la educación intercultural, a través del Programa Intercultural Bilingüe, con énfasis en la enseñanza de las lenguas indígenas con vitalidad lingüística en el país. No obstante, este programa rige únicamente para aquellos establecimientos con un 20% de matrícula indígena, de manera que la educación intercultural resulta fragmentada y funcional (Walsh, 2009), en la medida en que no es para todas ni todos los estudiantes en nivel escolar. En otros términos, se ha declarado que nuestro país es culturalmente diverso, pero la diversidad no ha sido asumida por todos los chilenos y para muchos sigue constituyendo un problema que se debe combatir (Loncon, 2013). Ciertamente, además de los puntos mencionados, el escenario se vuelve más complejo aún, porque en el debate actual sobre el conflicto mapuche convergen distintas miradas, estructuras de pensamiento, ideologías, estereotipos, creencias, y prejuicios, reproducidos a través del discurso, en sus distintas manifestaciones genéricas, institucionales, públicas y privadas. Por tanto, no solo debemos tener en consideración causales sociopolíticas o históricas, sino también las discursivas, las cuales han moldeado visiones etnocentristas, que han estancado el diálogo razonado, y los acuerdos y consensos tan necesarios en los distintos órdenes del discurso.
De acuerdo a los planteamientos esbozados, en el ámbito académico el desafío es enorme, pero no imposible de encauzar. En concreto, desde el quehacer universitario, podemos respaldar más ampliamente los enfoques de transversalidad en el currículum de nuestras carreras, es decir, el enfoque de derecho, de participación, de territorio y de inclusión educativa relevando una interculturalidad crítica (Walsh), a través de los programas de estudio pertinentes en cada carrera. Por último, en el desafío de aportar al debate, concluyo citando la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, la cual afirma:
“ … Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales (…)
Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses (…)».
Sin duda, la promoción de los derechos de los pueblos indígenas no solo depende de éstas y otras declaraciones de principios, sino también del esfuerzo y respaldo conjunto de cada uno de nosotros. Desde la academia, apoyemos la formación integral, disciplinar y profesional mediante un trabajo pedagógico, mediado por actividades y proyectos que fortalezcan la investigación y la vinculación con el medio, valorando y reconociendo el rol de los pueblos indígenas en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, lo que contribuye a enriquecer la diversidad cultural, a través de la responsabilidad social.