Científicos de diversas instituciones enviaron una carta dirigida al presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, senador Juan Castro Prieto, donde se manifiestan sobre la moción parlamentaria de modificar la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente para que las actividades de desarrollo o explotación forestal industrial ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El año pasado -informaron-, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 19.300 para incluir la evaluación ambiental de plantaciones forestales industriales en cualquier tipo de suelo, y no solo en los frágiles. Esta iniciativa esperó por meses su votación en la Sala del Senado, y ahora se encuentra pronta a ser votada en la Comisión de Agricultura.
“Pienso que ésta es la gestión basada en evidencia científica más importante en que me ha tocado en términos de legislación y política forestal. Si es aprobada marcará un antes y un después en el desempeño ambiental y social de las empresas forestales y de su aceptación por la sociedad”, opinó el Dr. Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, uno de los firmantes de la carta.
Plantaciones forestales
“En Chile, las plantaciones forestales cubren más de 3,1 millones de hectáreas. Más del 77% del total de esa superficie se concentra en las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule, y más de la mitad del total de la superficie pertenece a dos grandes empresas forestales”, indicaron.
“Los impactos y riesgos ambientales asociados a las plantaciones forestales industriales sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, suelo, paisaje y los incendios que afectan a las comunidades y a la sociedad en su conjunto son ampliamente conocidos y están documentados por numerosos estudios científicos. Tanto la disponibilidad de agua como los incendios forestales se ven exacerbados por el cambio climático, y por lo tanto, se hace aún más necesaria la evaluación de los impactos ambientales y riesgos de la actividad forestal”, expresa la carta.
El problema que evidencia el grupo de investigadores es que, a pesar de estos impactos, dichas actividades no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Esto debido a que la ley especifica que las actividades a ser sometidas al SEIA se deben desarrollar en suelos frágiles, en terrenos cubiertos por bosque nativo y deben tener dimensiones industriales. El Decreto Nº 40 del Ministerio del Medio Ambiente establece que en las regiones de Chile con mayor actividad forestal, las dimensiones industriales corresponden a superficies únicas o continuas de corta de cosecha final o corta de regeneración por tala rasa de 500 hectáreas anuales. Las grandes empresas presentan planes de manejo a CONAF por superficies inferiores, eludiendo así su ingreso al SEIA. El Estado y la ciudadanía no cuentan con las herramientas legales y técnicas de transparencia y participación ciudadana, ni evaluación desde el Ministerio de Medio Ambiente y otros servicios del Estado, que permitan que las explotaciones forestales industriales evalúen, mitiguen, compensen y reparen sus impactos ambientales. Por otra parte, estas actividades no están sujetas al monitoreo y mediciones periódicas de variables de seguimiento como parte del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, accesibles a la ciudadanía”.
Agregaron que “el año pasado, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 19.300 para incluir la evaluación ambiental de plantaciones forestales industriales en cualquier tipo de suelo, y no solo en los frágiles. Esta iniciativa esperó por meses su votación en la Sala del Senado, y ahora se encuentra pronta a ser votada en la Comisión que Ud. preside. Diferentes estudios científicos muestran que con el cambio climático, los impactos de las plantaciones forestales industriales se verán agravados por la disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas en el centro sur de Chile. Es por esto, que los bosques nativos y su restauración han sido señalados como parte de los elementos clave para cumplir con los compromisos climáticos y adaptarnos a los desafíos del clima, ya que estos ecosistemas, además de capturar carbono atmosférico, proporcionan múltiples beneficios a la sociedad: Regulan el clima y el ciclo hidrológico, protegen los suelos de la erosión y éstos últimos actúan como sumideros de carbono. Los bosques nativos conservan la biodiversidad, proveen medicinas y alimentos a las comunidades, crean oportunidades para el turismo y generan sentido de pertenencia”.
Finalmente, hacen un llamado a las y los parlamentarios a aprobar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.300, de manera tal que las actividades de desarrollo y explotación de plantaciones forestales industriales ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pudiendo excluir de forma explícita de esta exigencia a los pequeños propietarios forestales definidos en la legislación forestal vigente. “La aprobación de este proyecto de ley será de gran beneficio para el medio ambiente, las comunidades, la sociedad en su conjunto y las empresas forestales, que, al mejorar su desempeño ambiental y transparencia, mejorarán su aceptación social y operaciones en los vastos territorios que ocupan”, afirmaron.
Las instituciones firmantes de esta carta son:
Sociedad de Ecología de Chile
Sociedad de Botánica de Chile
IALE Chile
IEB-Instituto de Ecología & Biodiversidad
CAPES-Center of Apple Ecology & Sustainability
FireSES-Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas
Leer carta en este enlace.