En momentos en que está finalizando la redacción de la propuesta de una nueva Constitución, y en la antesala de discusiones como la del Presupuesto Nacional 2023, hay instituciones de educación superior y sus respectivas comunidades en estado de alerta debido al debate teórico aún abierto sobre los límites de lo estatal, lo público y lo privado.
Se trata de un asunto en extremo relevante ya que el sistema nacional universitario es, efectivamente, de carácter mixto, integrado por instituciones con distinto tipo de propiedad que –aún con matices– generan bienes públicos y aportan muchas de ellas desde regiones con sus capacidades y gran compromiso.
Es una discusión abierta, decíamos, y que preocupa además por la forma en que se ha dado y por el tono que creemos ha ido subiendo durante las últimas semanas, con planteamientos que tienden a desacreditar todo proyecto institucional de educación superior cuya propiedad no sea del Estado. Este es un grave error conceptual, pues las universidades a las cuales nos referimos, en particular de la Red G9, son fundadoras del Consejo de Rectores en 1954: Universidades levantadas e impulsadas desde la ciudadanía con objetivos claros y definidos, que buscan contribuir al desarrollo de los territorios y del país.
El aporte de estas instituciones es evidente. La UACh se aproxima a los 70 años desde su fundación (también en 1954) y otras de esto grupo son, incluso, centenarias. Éstas han estado siempre en alianza estratégica con el Estado y siempre han tenido su reconocimiento. Entonces, vemos con profunda preocupación que luego de una larga tradición, de un ciclo virtuoso de apoyo recíproco, de pronto se presenta un ejercicio de re conceptualización en que instituciones como la Universidad Austral de Chile o la Universidad de Concepción, que son universidades ciudadanas, corresponden al ámbito privado y no pueden hacer un aporte público, pues esa función queda circunscrita sólo a las estatales.
Esta es una discusión que nos sorprende y hace reflexionar ya que, si lo ciudadano no es lo público, entonces cabe preguntarse dónde está lo público. Creemos que el aporte que como universidades hacemos es exactamente el mismo que realizan instituciones del Estado, cumpliendo con nuestra fundante vocación pública. De ahí que convenga recordar la historia.
Cuando nace la Universidad Austral de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, entonces Presidente de la República, aseguró que no tenía ninguna posibilidad de financiar una universidad en regiones, pero que si éramos capaces de levantarla el Estado iba a reconocerla. De tal manera, es inconcebible que casi 70 años después el mismo Estado, de pronto, va a generar programas diferenciados para las universidades del Estado y las que no lo son.
La orientación que ha tomado este debate nos parece, también, un retroceso que hace daño a las regiones. En nuestra Región de Los Ríos no hay universidades estatales. ¿Qué tal si los programas de refuerzo, las nuevas herramientas de financiamiento y formas futuras de apoyo a las universidades del Estado tienen efectos increíbles en otras regiones y nosotros quedamos rezagados?
Nos parece que esta pregunta debe hacer reflexionar a los distintos actores que participan de este debate. La Red de Universidades Públicas no Estatales G9 aportan el 50% del conocimiento al país y representan el 15% de las universidades de Chile, datos que reflejan el desempeño de estas instituciones. Si el país desea seguir avanzando, estimamos que debe haber un trato justo para con nuestras universidades, cuyo valor y aporte público son ampliamente reconocidos por largo tiempo. Eso es todo lo que pedimos.
