En la Subcomisión Verdad Histórica, Reparación y Garantías de no Repetición de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, cuyos coordinadores son los constituyentes Manuela Royo (D23) y Roberto Celedón (D17), expuso la académica Dra. Daniela Accatino de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.
La presentación se realizó el jueves 19 de agosto, a las 13:00 horas, y se transmitió mediante las plataformas https://convencion.tv/# y canal de YouTube Convención Constitucional.
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La profesora Accatino presentó algunas ideas que exponen el trabajo académico desarrollado en el campo de la justicia de transición, en particular en el ámbito de los derechos a la verdad, a la justicia y a la memoria, dispuestos en un portal web (expedientesdelarepresion.cl), y que sistematiza sentencias judiciales dictadas en los procesos penales ya concluidos por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura que se impuso en Chile con el golpe de Estado de 1973.
La página web y el archivo de sentencias que ella contiene -explicó la profesora- constituye uno de los productos del proyecto de investigación “Prueba judicial y justicia transicional”, desarrollado en la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT, proyecto Nº 1151528).
Al respecto, la Dra. Accatino sostuvo que la existencia de la Comisión de Derechos Humano y, en particular, la Subcomisión Verdad Histórica, Reparación y Garantías de no Repetición, expresa la tensión en que la Convención Constitucional se encuentra dado el carácter refundacional de su tarea. “Esto en el sentido de redefinir a la comunidad política que queremos ser; una tensión entre la mirada de futuro y el pasado, en el cual se pretende instalar una diferencia, pero que es definitorio de las identidades que enfrenta el desafío refundacional. La gran pregunta es cómo debiera estar presente ese pasado en el trabajo de la Convención Constitucional y me refiero al grave pasado de las violaciones a los derechos humanos, tanto las de la dictadura como las sufridas por los pueblos originarios y los cometidos durante la revuelta social de 2019, que implicaron radicales desconocimientos de la dignidad de quienes la sufrieron”.
Agregó: “La existencia de una instancia como esta es muy significativa para favorecer la articulación de una narrativa que reconozca el significado político de esa violencia sufrida y su conexión intrínseca con el orden constitucional impuesto. Esto es importante porque si miramos el conjunto de política, justicia, reparación y memoria, adoptadas a partir de 1990, podemos notar que ha primado en ella una perspectiva que representa el terror impuesto por la dictadura cívico militar predominantemente como un problema de sufrimientos individuales, dejando rezagada su dimensión colectiva, especialmente desde la perspectiva de las víctimas”.
La profesora Accatino planteó dos ideas. Primero, que el abordaje del pasado podría estar presente en el contenido normativo de la nueva carta fundamental: “Históricamente ha sido usual que haya en el articulado de los textos constitucionales huellas de las experiencias de justicia radical que son parte del contexto de origen de un proceso de cambio; ejemplo de aquello son las referencias a la abolición de la esclavitud en las constituciones del siglo XIX, las que se han proyectado a textos constitucionales contemporáneos; en nuestro contexto, puede ocurrir con el reconocimiento de un derecho a no ser víctima de desaparición forzada. Y una segunda idea tiene que ver con las generaciones de derecho, es decir, con la progresividad del reconocimiento expreso de nuevos derechos que van, paulatinamente, registrando a nivel constitucional las exigencias que impone el reconocer la dignidad de todos y de todas”.