«Valoración de la prueba en delitos de violencia de género» se tituló la actividad a la que fue invitada a exponer la Dra. Marcela Araya Novoa, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile en la Sede Puerto Montt y ministra titular de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el marco del «Congreso Estudiantil de Derecho Procesal», organizado por la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
La presentación de la académica se realizó el martes 7 de diciembre a las 18:00 horas, en la mesa en que se abordaron las dificultades que se generan al momento de conformar y valorar la prueba en delitos de violencia de género, así como la importancia de integrar la perspectiva de género y el efecto que esta puede tener al respecto.
En dicha mesa expusieron, además, Sebastián Aguilera, abogado, asesor en la unidad especializada de violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía Nacional; Cecilia Hopp, profesora e investigadora de la U. de Buenos Aires; y María de los Ángeles González, profesora de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
La profesora Araya expuso sobre los problemas probatorios en los delitos sexuales y de género, especialmente en las etapas de investigación y de valoración propiamente tal. “Fue una actividad muy interesante, pues la modalidad implicó una breve exposición introductoria y luego consistió en formular preguntas o interpelaciones a los otros ponentes Sebastian Aguilera, del Ministerio Público y la profesora Cecilia Hopp, de la Universidad de Buenos Aires y responder preguntas de los asistentes”.
“Tratamos diversos temas que, básicamente, se centraron en las dificultades y nudos críticos que, en la tradición racional de la prueba, exhiben los delitos de género tales como la búsqueda de la víctima prototípica, la interferencia de los sesgos o estereotipos de género en la actividad investigativa de los entes encargados de la persecución penal, la escasa producción de prueba de cargo, lo que tiene impacto en la actividad valorativa que se realiza en el juicio oral, en la que los referidos sesgos suelen infiltrarse provocando una lesión al principio de igualdad y al derecho a la prueba. Se relevó, en este contexto, la obligación de integrar mirada de género para identificar estos elementos irracionales en el juzgamiento, desterrar la violencia institucional y evitar errores epistémicos en la decisión del juez o jueza de los hechos”, explicó la profesora Araya.