La Ministra Delpiano sostuvo estos días que «desmontar un sistema de mercado es muy difícil en un año o dos». Pero el problema no parece ser de plazos sino de objetivos.
En efecto, el lunes ingresó el proyecto al Congreso marcado por un secretismo insólito, lo que afectó la posibilidad de un debate prelegislativo profundo y participativo.
Asimismo, el proyecto no cuenta con el apoyo de ningún sector. El Cuech alega que consolida la mercantilización, las universidades privadas se indignan con la regulación de aranceles, y las universidades públicas no-estatales (como la UACh) ven que no se les reconoce su rol público. Los estudiantes, por su parte, llevan meses de paros y tomas en actitud de alerta, ante un proyecto atravesado por mesas de trabajo que han resultado ser inconducentes.
Pero lo más preocupante es la división del Cruch. El proyecto hace referencia a universidades del Estado y privadas, sin más. Y los medios de comunicación han hecho eco. Todo, apoyado por la incapacidad del Cruch de posicionarse como algo más que un mero grupo de interés. De ahí la división entre el Cuech y el G9: cada uno defiende lo suyo.
Pero esto no es un asunto de defensas corporativas. Quitar el apoyo preferente del Estado a universidades públicas no-estatales como la UACh es un problema sistémico, sobre todo en regiones como Los Ríos donde no hay ni habrá universidad estatal, justamente porque la UACh ha cumplido históricamente ese rol.
En cuanto al proyecto, su problema basal es de diagnóstico, pues reduce los defectos del sistema al financiamiento de la demanda. Como señaló el rector Valle, este proyecto trasforma al Estado «en un mero comprador de servicios docentes». Si sumamos que la gratuidad universal se alcanzaría en 20 ó 30 años, es imposible no poner en duda que el gobierno entienda el principio democrático y estructural que hay tras él.
Con todo, el proyecto no trasciende el marco ideológico de un sistema cuyas bases son nocivas para el interés general. Reformas de envergadura se hacen cada 30 años, por lo tanto, desperdiciar esta oportunidad en meras regulaciones de lo que existe hoy, es condenar a las futuras generaciones a un sistema concebido para favorecer el mercado educativo y reproducir las desigualdades sociales.
LEER COLUMNA EN EL DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS