La eventual aprobación de este proyecto debe ser vista como un punto de partida en el camino hacia la desmercantilización de las aguas…
Esta semana, el Senado aprobó en general y con votación unánime el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, tras poco más de diez años de su ingreso.
El proyecto subraya que las aguas son bienes nacionales de uso público y consagra el derecho esencial al agua como derecho humano, estableciendo el deber del Estado de garantizarlo. Asimismo, prioriza el uso de las aguas para el consumo humano y saneamiento, seguridad alimentaria y desarrollo productivo local. Reconoce la multifuncionalidad de las aguas y refuerza las atribuciones de la Dirección General de Aguas. Por último, entre otras innovaciones, establece el carácter temporal de las concesiones de uso de las aguas y contempla la caducidad de las concesiones que sean utilizadas en fines diversos de aquellos para los cuales han sido otorgadas. De aprobarse el proyecto de reforma, estaríamos ante un avance significativo en la respuesta a la severa crisis hídrica que experimenta nuestro país.
Sin perjuicio de lo anterior, quedan todavía tareas pendientes respecto de los derechos de agua ya constituidos.
Por lo pronto, de acuerdo con el texto vigente de la Constitución, tales derechos siguen estando amparados por el derecho de propiedad, sin ninguna calificación que atienda debidamente a la profunda significación individual, colectiva e intergeneracional de las aguas. De igual modo, subsiste aún la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley y para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución; por ejemplo, por estimar que afecta el derecho de propiedad.
Estas competencias, unidas a una cultura jurídica que promueve una concepción expansiva y absoluta de la propiedad, impiden que la reforma tenga la profundidad necesaria para hacer frente a la crisis de modo óptimo. En este sentido, la -por ahora eventual- aprobación del proyecto debe ser vista como un punto de partida en el camino hacia la desmercantilización de las aguas, que deberá recorrer la Convención Constitucional.
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Dra. Viviana Ponce de León
Profesora Derechos Fundamentales UACh