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Ciertamente la reforma de 1981 y los largos años de desregulación del sistema de Educación Superior (ES) han puesto en tensión la concepción de lo público, el rol del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, integrado por instituciones estatales y no estatales, y el rol de las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980. Esta tensión se evidencia en la presentación del proyecto de ley de reforma de la ES. Por ello cabe preguntarse: ¿qué hace que una institución no estatal pueda y deba ser considerada pública? Precisamente la ausencia de propiedad privada o de control de cualquier persona o grupo de interés. Y, por supuesto, una serie de atributos y principios que la inspiren: compromiso público, orientación a la calidad, libertad de expresión y de cátedra, democracia universitaria basada en jerarquía académica, carrera académica, respeto a la dignidad de todos sus integrantes, derecho a organización y participación institucional y, finalmente, la búsqueda racional de la verdad y el conocimiento como fin último de su quehacer.
Lejos de ello, el proyecto propone regular a todas las instituciones no estatales bajo un régimen puramente privado. Para ello recurre a normas similares a las contempladas en la Ley de Mercado de Valores, lo que generará serios problemas de identidad y gestión a las instituciones que se encuentran organizadas efectivamente como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Pese a todo, el proyecto no garantiza el término efectivo del lucro en el sistema, al no obligar a la propiedad de los bienes e infraestructura por parte de las instituciones y no prohibir las operaciones con personas relacionadas, sino sólo regularlas acorde a condiciones de mercado.
Respecto a las normas comunes para las universidades estatales, se trata de una materia que tiene gran relevancia para el sistema en su conjunto, ya que el modo como se norme a este subsector tendrá efectos evidentes en especial en aquellas instituciones que cumplen similares fines. Por ello consideramos imprescindible que el proyecto defina una clara orientación hacia el bien común de la política pública, ya que las universidades son espacios de reflexión académica, cultural y simbólica que impacta en la sociedad en su conjunto.
Junto con lo anterior, el proyecto carece de disposiciones que orienten y estimulen la actividad académica y, en particular, la productividad científica. La conformación de una masa crítica suficiente de investigadores y creadores es imprescindible para la generación de nuevo conocimiento, innovación y desarrollo basado en ciencia y creación.
Asimismo, llama profundamente la atención que el proyecto no contemple instrumentos normativos, institucionalidad y financiamiento adecuado para el desarrollo de un sistema territorialmente equilibrado. La reforma debe generar instrumentos de apoyo, de coordinación con el aparato público, de gestión y de financiamiento específicos vinculados a la contribución que las universidades realizan al desarrollo de las regiones.
Por ello los instrumentos de financiamiento propuestos no son los más felices, ni aseguran la necesaria viabilidad y autonomía institucional. Las instituciones públicas, estatales y no estatales, requieren de algo más que de un cálculo de arancel regulado por número de estudiantes y de una asignación de recursos por indicadores de desempeño. Los fondos basales, que han sido históricamente parte sustantiva de la institucionalidad universitaria, deben mantenerse e incrementarse. Sólo así las universidades podrán desarrollar con autonomía su misión de servicio al bien común y cumplir con los múltiples compromisos de largo plazo que tienen con las comunidades y con responsabilidades públicas que muchas veces el estado no alcanza a cubrir.
Para ello es prioritario que el proyecto reconozca al CRUCh como referente de la política pública en ES y se genere institucionalidad, redes de colaboración, sistemas de apoyo para todas sus instituciones y, eventualmente, para nuevas instituciones que, sobre la base de exigencias objetivas y consensuadas, puedan contribuir a este sistema público.
El conjunto de dificultades que presenta el proyecto tienen su origen en un relato y una concepción errada. Un relato profundamente metropolitano, que no responde a la verdad histórica, y una concepción de lo público, restringida y restrictiva, que nada tiene que ver con la identidad de la ES en nuestro país. Por ello me atrevería a calificar de decepcionante el proyecto, pues pone al país en el evidente riesgo de debilitar aún más el sistema público, pues ninguna disposición realmente significativa fortalece a las instituciones del estado y, menos aún, a las públicas tradicionales. Por tanto, es fundamental volver un paso atrás, desandar lo andado, y restituir el adecuado reconocimiento a todas las universidades del CRUCh en institucionalidad, regulación y financiamiento.
Es imprescindible que las autoridades políticas y parlamentarias se comprometan a realizar las indicaciones necesarias y corregir el proyecto. En el último tiempo se ven señales desde distintos sectores en esta dirección, pero obviamente la iniciativa y convicción del Ejecutivo es fundamental.