Uno de los puntos centrales del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet era el de dar a Chile una nueva Constitución. Bachelet ganó las elecciones presidenciales y está llevando a cabo, con mayor o menor éxito, su programa de gobierno. Desde el punto de vista político, es legítimo y adecuado que cumpla con ese programa.
Un simple análisis de la racionalidad política permite aseverar que si había un candidato que proponía dotar al país de una nueva Constitución, si ese programa delineaba en términos generales qué debía contener esa nueva Constitución, si ese programa era público y si la mayoría ciudadana votó por ese candidato y su programa, no parecen legítimas las críticas por el proceso constituyente en curso.
Si bien la actual Constitución no prevé un mecanismo formal de crear una nueva Constitución sino que solo prevé un escenario de reforma constitucional, el hecho que haya ganado un candidato que proponía una nueva Constitución, es un antecedente de legitimidad democrática importante. Obviamente se requerirá que mecanismos de expresión democrática como una mayoría en el Congreso Nacional o una mayoría ciudadana vía plebiscito, entre otras vías posibles, aprueben esa nueva Constitución. Lo importante a destacar es que el titular del poder es siempre el pueblo. Si ese pueblo mayoritario decide darse una nueva Constitución, ello es lícito. Es coherente además con un concepto de poder constituyente y con el propio artículo 5° de la actual Constitución.
Un sector de la ciudadanía ha señalado que está disponible para una reforma constitucional y no para una nueva Constitución. Si como país vamos a realizar importantes esfuerzos en esta materia, creo que lo que puede traer un mejor futuro para Chile es el de una nueva Constitución. Nunca se terminará de legitimar adecuadamente una Constitución que no fue pactada por la ciudadanía, sino que nació de la mano de unos asesores de una dictadura militar y en un plebiscito que no contó con las garantías mínimas de una democracia electoral.
Debido a ciertos escenarios de crisis política y económica que vive el país, una nueva Constitución puede tener la capacidad simbólica y también real para proponer un nuevo pacto social que permita retomar de mejor modo el desarrollo del país, con más crecimiento pero con mejor distribución de la riqueza y mayor inclusión de todos los grupos sociales y regiones del país.
El proceso delineado por el Gobierno ya comenzó en octubre pasado. En abril terminó la primera etapa de Educación Cívica. Ahora y hasta agosto estamos en la etapa de Participación Ciudadana con los encuentros locales y cabildos provinciales y regionales. Todos podemos participar.
LEER COLUMNA EN EL DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS