El debate sobre la gratuidad universitaria ha estado centrado en una cuestión de forma -si será para el 60% más pobre del CRUCh, para el 40% y ahora del 50% de un grupo mayor de universidades- cuando lo más importante es el debate de fondo, pues se trata de una oportunidad inmejorable para regular estructuralmente un sistema que, tras tres décadas de funcionamiento y ajustes, se volvió insostenible.
En efecto, la gratuidad universal en un sistema tan desregulado como el nuestro constituiría incluso un retroceso, dado que financiar la demanda vía voucher para que cada estudiante lo utilice en la institución de su preferencia, solo potenciaría la lógica de retorno individual y el crecimiento de universidades de fachada, sin investigación ni aporte público real.
Por el contrario, debiera financiarse la oferta bajo ciertas condiciones que respeten la autonomía universitaria, toda vez que ésta responda a necesidades locales, regionales y nacionales.
Por ello, lo lógico es que la gratuidad se centre en las universidades públicas que, aun cuando bajo el actual sistema han quedado abandonadas al mercado, siguen cumpliendo un rol público en términos de vinculación con el medio, investigación y desarrollo económico, social y territorial, que trasciende la entrega de certificaciones profesionales, y son las únicas que pueden dar garantías de no perseguir la obtención de ganancias para sus sostenedores. Entre las condiciones, quizás la más importante sea alcanzar una mayor democratización en todos los niveles, incluyendo directorios universitarios plurales y abiertos a la comunidad local.
Finalmente, la gratuidad debiera favorecer la descentralización, entregando mayores recursos a las instituciones regionales que han estado históricamente postergadas, pese a que suelen cumplir un rol social, económico y territorial bastante más significativo que las de Santiago.
Con todo, la discusión requiere trascender la cuantofrenia de los porcentajes y asentarse en un nivel político más profundo, cuyo principal objetivo sea avanzar hacia la gratuidad universal pero en un sistema regulado y descentralizado, que aporte a la construcción de un país menos segregado, y que permita diferenciar claramente el derecho a la educación del interés de algunos por asegurar, vía subvención estatal, un negocio altamente lucrativo.
LEER COLUMNA EN EL DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS