La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile logró que tres iniciativas de sus académicos ganaran en el Concurso Nacional de Proyectos del Fondecyt Iniciación Año 2015. Los autores de los proyectos ganadores son los profesores y doctores en Derecho Pablo Marshall Barberán, Felipe Paredes Paredes y Diego Pardow Lorenzo.
Para la Facultad este logro ratifica la reconocida trayectoria de su cuerpo docente, cuya planta de académicos con jornada completa -que poseen grado de doctor obtenido en prestigiosas universidades extranjeras- realizan investigación jurídica de excelencia.
A nivel nacional, esta Facultad es la segunda con más más proyectos adjudicados, solo superados por la UDP, que obtuvo financiamiento para 4 iniciativas.
Resultados Fondecyt Iniciación 2015
CONICYT adjudicó 275 proyectos participantes del Concurso de Iniciación a la Investigación 2015 del Programa Fondecyt, con una inversión total de 21 mil 234 millones de pesos a nivel nacional. Este instrumento permite dar continuidad a las carreras de investigadores jóvenes, además de constituir un instrumento de inserción para nuevos doctores.
En este concurso se aprobaron 13 iniciativas de la UACh, las que en conjunto se adjudicaron un monto total de 1.102 millones de pesos aproximadamente. Los jóvenes investigadores de esta casa de estudios superiores que ganaron en este concurso pertenecen a las Facultades de Ciencias (5), Ciencias Jurídicas y Sociales (3), Medicina (2), Ciencias Forestales (1), Ciencias Agrarias (1) y Filosofía y Humanidades (1).
Proyectos Ganadores
«Proporcionalidad y deferencia en el control de constitucionalidad de la ley» (11150828) se titula el proyecto del Dr. Felipe Paredes Paredes, iniciativa a través de la cual el académico busca desarrollar pautas de racionalidad en el control de constitucionalidad de la ley por parte del Tribunal Constitucional chileno. “Esto se explica porque, metodológicamente, dicho tribunal cuenta con varios instrumentos que le permiten llevar a cabo la señalada actividad. Específicamente, dos son los principales criterios que se utilizan en este sentido: el principio de proporcionalidad y el principio de deferencia. La investigación busca formular parámetros que permitan vertebrar las relaciones entre ambas ideas, y que en definitiva, expliquen cuándo es necesario examinar la ley con mayor rigurosidad, o por el contrario, cuándo es preciso hacer una valoración más laxa de la decisión legislativa”, explicó el profesor Paredes.
La investigación del Dr. Pablo Marshall Barberán “Una teoría sobre la función del derecho a sufragio: participación y reconocimiento” (11150299), en palabras de su autor «se trata de un estudio que analiza el derecho a sufragio desde la teoría política del reconocimiento preguntándose por su rol para determinar las fronteras o límites de la comunidad política». El objetivo general del trabajo es formular una teoría compleja sobre la función del sufragio en el contexto de una democracia constitucional, esto es, una teoría que involucre tanto sus aspectos participativos como su dimensión inclusiva. Para ello, se propone interpretar la dimensión inclusiva del sufragio a la luz tanto de los aportes teóricos de la literatura sobre los límites de la comunidad política como de los aportes de la teoría política del reconocimiento. Ello busca presentar una concepción del derecho a sufragio como mecanismo de reconocimiento democrático que permita entender los casos de exclusión democrática como especies de un mismo fenómeno.
El Dr. Diego Pardow Lorenzo ganó con el proyecto “Autonomía Regulatoria: Construyendo coherencia dogmática en la periferia del Derecho Administrativo” (11150181). “Si miramos nuestra práctica regulatoria, la necesidad de autonomía permite fundar un abanico increíblemente amplio de soluciones. El Contralor General de la República dura un plazo fijo y se elige entre distintos poderes del Estado, mientras el Fiscal Nacional Económico es nombrado y removido discrecionalmente por el Presidente de la República. Con el Banco Central incorporamos garantías a nivel constitucional, mientras que la Superintendencia de Bancos se descentraliza como servicio público a nivel legal únicamente. A veces seleccionamos los candidatos mediante el sistema de Alta Dirección Pública, otras sometemos una terna de candidatos a la consideración del Banco Central o la Corte Suprema. La mayoría de nuestras agencias se financian vía ley de presupuestos, pero otros como el Panel de Expertos son financiados por los propios regulados. El objetivo del proyecto, entonces, es dar coherencia dogmática al concepto de autonomía institucional. ¿Qué es?, y más importante aún, ¿para qué sirve?”, aclaró el académico.