Con un desprecio absoluto a un acto republicano, Donald Trump logró evidenciar -de manera impensada- no sólo la polarización política que existe en Estados Unidos, sino también la fragilidad de la democracia ante la irresponsabilidad de un liderazgo populista.
A su sistemático reclamo de fraude electoral y su intento por manipular los resultados en Georgia, Trump sumó el llamado «tácito» a sus seguidores a manifestarse en las proximidades del Capitolio a fin de demostrar la «ilegitimidad» del triunfo de Joe Biden como próximo Presidente de los Estados Unidos.
La convocatoria se transformó en un «asalto» al Capitolio por parte de los seguidores de Trump, generándose las condiciones para considerar a estas acciones como una insurrección.
Esta amenaza al espíritu democrático no sólo amerita el castigo penal de aquellos que vulneraron la seguridad del edificio gubernamental, sino también la responsabilidad penal y política de sus instigadores.
En ese sentido, y atendiendo a la absoluta responsabilidad política que al respecto tiene el Presidente Trump, el Partido Republicano tiene la gran oportunidad de enmendar la deteriorada imagen que le dejó el mandatario, apoyando de forma decidida la aplicabilidad de la Enmienda 25; instancia por la cual el Vicepresidente -con el apoyo de la mayoría del gabinete- puede destituir del poder al Presidente en ejercicio en función de considerar que él es incapaz de «desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo».