“Las externalidades son múltiples, por ejemplo, un costo de la vida más elevado, baja conectividad, problemas de mayor costo y menor disponibilidad de insumos y servicios especializados, el desplazamiento de nuestros estudiantes desde zonas lejanas y sectores rurales, entre otros factores que ejemplifican lo que significa hacer universidad regional y sobre todo en zonas extremas”, precisó la autoridad de AUR.
La rectora Natacha Pino sintetizó el análisis y propuestas sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 para la educación superior que han consensuado las 22 universidades regionales de la AUR. Citando, primeramente, el Fondo de Educación Regional, destinado a compensar las inequidades entre regiones, señaló “no presenta ninguna modificación, básicamente se mantiene con variación cero de un año a otro, por ello, proponemos un aumento gradual en este fondo que permita transitar desde los 10 mil millones actuales a un total de 25 mil, con un aumento de 5 mil millones cada año. No desconocemos que estamos en una situación financiera compleja como país, pero es igualmente necesario dar señales claras a las regiones, si las regiones se desarrollan el país se desarrolla”, enfatizó.
Asimismo planteó a la Comisión Mixta un problema que afecta particularmente a las universidades estatales de zonas extremas, las que han asumido con sus propios recursos institucionales los costos de la asignación de zona. “Necesitamos que el Estado asuma ese costo, tal como lo hace con todos los otros servicios y funcionarios estatales. También se requiere equiparar el bono de zona extrema con el resto del sector público, asumiendo que ha ido aumentando el número de funcionarios (as) en estas casas de estudios”, argumentó la Presidenta de AUR.
Asimismo, mencionó la compleja tramitación de los créditos de largo plazo. “La ley ha abierto la posibilidad de tomar créditos que sobrepasen cada periodo presidencial, pero aprovechar este instrumento es muy difícil, ya que tramitarlos dentro del año calendario se torna complejo. Para ello proponemos que, en el caso de solicitar un nuevo crédito, por ejemplo, para el año 2023, se consideren los avances y gestiones realizadas durante el año 2022, evitando así comenzar cada vez el procedimiento desde cero”, señaló.
La Presidenta de AUR solicitó que, respecto de los excedentes de los fondos de crédito y al igual como lo ha solicitado el CRUCH, se puedan utilizar a lo menos el 50% de estos fondos acumulados, para cubrir gastos y costos, como aquellos que no cubre la gratuidad en estudiantes que han terminado su periodo nominal de estudios.
Finalmente, la rectora Natacha Pino, se refirió al desaparecido fondo de desarrollo institucional para las universidades de la Red G9, sosteniendo que “se debe restituir dicho financiamiento para aquellas universidades públicas no estatales regionales, las que, sin lugar a dudas, aportan al desarrollo de todo lo público desde nuestras regiones”, puntualizó.
Cuarta Comisión Mixta de Presupuesto sesionó el 26 de octubre respecto de la Ley de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2023, partida 09, del Ministerio de Educación, en actual discusión parlamentaria, y fue presidida por el senador José Miguel Insulza.
Expusieron también en esta sesión: Verónica Figueroa H., Subsecretaria de Educación Superior; Emilio Rodríguez P., Vicepresidente Ejecutivo del CRUCH y rector de la U. de Tarapacá; Carlos Saavedra R., Presidente Red G9 y rector de la U. de Concepción, entre otros.