La decisión temeraria de la autoridad para iniciar el retorno al trabajo de miles de funcionarios públicos, y la eventual pronta apertura del comercio, en un momento que la pandemia aún no nos muestra sus más profundas y desoladoras consecuencias hacia la población más vulnerable del país, nos permite interrogarnos sobre el estado del arte de respecto de los procesos de modernización de la gestión pública en el país.
El sustento de la decisión del ejecutivo es que los funcionarios deben regresar a sus puestos de trabajo dado que llevan a cabo procesos considerados esenciales para la entrega de servicios a la ciudadanía. En otras palabras, sin ellos no hay gestión pública estratégica y, por tanto, no se podrían entregar subsidios, transferencias monetarias, certificaciones, pagos a proveedores, beneficios sociales, formulación y evaluación de iniciativas de inversiones públicas, etc. Si ello es así, nos preguntamos qué capacidad y calidad gubernamental tenemos para enfrentar situaciones de crisis como la que hoy vivimos a nivel global.
Por cierto, que no podemos ignorar que desde los años 90 hay hitos significativos de mejora continua en algunos servicios del Estado y que han sido vanguardistas en incorporar tecnologías modernas e innovadoras de la información para agilizar y optimizar procesos de prestaciones de servicios a la ciudadanía. Pero también es cierto el rezago que tienen muchos servicios públicos para lograr indicadores de gestión de calidad. Entendiendo que dicho valor de calidad es aquella que la propia ciudadanía valora y reconoce al momento de requerir un servicio porque obtienen una respuesta ágil, oportuna y eficiente que le permite resolver el problema o necesidad por la que recurren a las oficinas públicas. No olvidemos que en términos concretos muchas de las demandas que se hicieron en las calles de nuestro país desde octubre se asocian a mala calidad de servicios y prestaciones desde el estado hacia las personas. Lo cual coinciden con los diversos estudios que se han venido realizando en años recientes.
La “cultura del trámite” sigue enquistada en procesos estratégicos de la gestión pública. Po ello no nos debe extrañar que gobierno requiera de la presencia de miles de funcionarios para que puedan mover un sistema que hace mucho da señales de agotamiento. Pero también es preciso reconocer la desidia de los distintos gobiernos pasados para realizar una reforma integral del Estado. Son años del debilitamiento de la gestión pública, fundado en el desatino permanente que es necesario “achicar “el estado para hacerlo atlético para lograr mayor eficiencia y eficacia. Bueno hoy tenemos un estado debilucho, en muchos aspectos, casi zombie, por la falta endémica de presupuestos para apoyar las condiciones materiales y tecnológicas de trabajo de los funcionarios públicos. Por ello, es notable destacar como el personal de salud debe dar todo de sí cada día y con los medios limitados que cuentan para sostener un sistema de salud que ya en tiempos normales hace agua y que hoy, por la emergencia puede verse sobrepasado.
Los funcionarios deben resolver diferenciadas demandas con escasos medios, lo cual no siempre es fácil cuando además de no contar con todos los medios y condiciones de trabajo deben lidiar con jefaturas y operadores políticos cuyos aspiraciones electorales y falta de visión pública y técnica debilitan aún más la toma de decisiones.
Recién hace unos meses atrás se aprobó la ley de transformación digital orientada en el sentido correcto de acorralar la burocracia y la cultura del trámite. Esperemos que como muchas otras leyes no queden en letra muerta y sean postergadas por prioridades cortoplacistas.
Frente al reduccionismo económico que impera en el lenguaje del ejecutivo, hay que recordar que la burocracia, la cultura del trámite y la politización de los cargos públicos son también una carga más que debemos soportar todos los contribuyentes del país.
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