Llama la atención que en el contexto de esta carrera presidencial algunos hablen del Estado como si fuese una empresa del sector privado, como una institución distanciada de la ciudadanía, y de esta forma propongan su empequeñecimiento y su transformación a ser un simple garante y administrador de “incentivos económicos” para la educación chilena.
El Estado es el instrumento que proporciona un marco legal para la garantía de nuestros derechos como seres humanos, además, es una estructura gubernamental financiada y mantenida por nosotros mismos, por todos los que habitamos el territorio nacional, algo que muchas veces olvidamos.
Según el Informe de Finanzas Públicas Cuarto Trimestre 2020 de la Dipres, el Estado chileno recaudó aproximadamente 39 mil millones de pesos, de estos, 32 mil millones corresponden a ingresos tributarios, es decir: dinero recolectado del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor agregado (I.V.A.) e Impuesto a productos específicos (tabaco, combustible, etc.), ¿Dónde y cuándo pagamos esto los ciudadanos? Cuando recibimos una boleta por nuestra compra.
José Miguel Peiret Villacura, Escuela de Pedagogía en Educación Básica con menciones
Según la Fundación Observatorio Fiscal, durante el año pasado (2020) el Estado chileno gastó casi 11 mil millones de pesos en el ítem correspondiente a educación, en este escenario hay que considerar que aproximadamente el 60% de los establecimientos de Educación Básica y Media corresponden a una administración privada (colegios subvencionados y privados), es decir, gran parte de nuestro dinero no está dirigido directamente a instituciones estatales, sino que está dirigido a entes privados administradores.
Particular es el caso de nuestra Región de Aysén, en la que el 64,3% de los establecimientos educacionales son administrados por las Municipalidades del Estado, los establecimientos subvencionados están concentrados principalmente en las comunas de Aysén y Coyhaique, y los privados, reconocidos por el MINEDUC, no existen. De las 10 comunas de nuestra Región, en 8 de ellas solo hay instituciones municipales. No creo que los administradores privados de la educación se interesen en invertir en una escuela en Puerto Sánchez, que cuenta con 5 estudiantes, ya que presenta una gasto enorme de infraestructura, mantención y personal para los pocos estudiantes que asisten; por eso es que el Estado chileno, con nuestro dinero, pueda hacerse cargo de esta tarea fundamental de entregar conocimientos y habilidades a nuestros estudiantes en localidades aisladas, la cual presentan un gran porcentaje en nuestra región.
Es preferible que las arcas fiscales, enriquecidas por nuestros impuestos, sean utilizadas de forma directa en la educación, para esto puede que sea necesario transformar las instituciones estatales para que se optimice el gasto estatal en beneficio de la ciudadanía en su totalidad, esto significa reformular y fiscalizar, pero en ningún caso disminuir el actuar estatal a un mero administrador de incentivos.