A partir de los hechos ocurridos en el Estallido Social, hay personas y organizaciones que han acusado al Presidente Piñera de ser el responsable de las violaciones masivas a los Derechos Humanos que allí sucedieron.
Esto ha generado, por ejemplo, que se solicitara a Fatou Bensouda, ex Fiscal de la Corte Penal Internacional, el inicio de una investigación en contra del mandatario nacional por su responsabilidad ante los potenciales Crímenes de Lesa Humanidad que agentes del Estado cometieron en contra de los manifestantes, lo que ha significado -en la práctica- que más de 3 mil personas sean consideradas como víctimas según el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En ese mismo contexto, y en virtud de la gira que realiza el Presidente Piñera a Europa, Amnistía Internacional ha solicitado a los líderes políticos de Francia, Italia, España e Inglaterra que emplacen al mandatario nacional a responder por estas violaciones y por la impunidad que se evidenciaría en Chile a partir de la gran cantidad de causas finalizadas por la vía administrativa relativas a investigaciones asociadas a la violación a los Derechos Humanos.
De este modo, y a partir de esta inacción judicial, se observaría un sostenido incumplimiento de las obligaciones del Estado en todo lo relacionado con la aplicación de la justicia, la reparación a las víctimas, y las garantías de no repetición.
De esta forma, y atendiendo a que la solicitud en la Corte Penal Internacional puede tardar años en tramitarse, es que los acusadores estarían buscando otras vías de generar responsabilidades al mandatario nacional, siendo una de ellas la consecución del apoyo de la comunidad internacional a la hora de plasmar la exigencia de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos del Estado de Chile, lo que -en esencia- sería un importante insumo político con alcance probatorio respecto a la acción incoada ante la Corte Penal Internacional.