Muchas y merecidas críticas se hacen a nuestros parlamentarios. Desde aquellas que cuestionan la ética y la legitimidad de algunos en virtud del financiamiento ilegal que recibieron a la hora de sustentar sus respectivas campañas hasta aquellas que refieren a la simpleza y pobreza de los argumentos con los que justifican sus votos. En complemento a éstas, hoy evidencio una crítica asociada a la incapacidad que la mayoría de los parlamentarios demuestra a la hora de realizar un análisis prospectivo de la efectividad de las leyes que se discuten. Esto es así, ya que buena parte de las leyes que se aprueban están plagadas de vacíos que terminan condicionando no sólo el espíritu de la norma, sino también su efectividad.
Uno de los últimos ejemplos se evidenció con el caso de la retención de los dineros asociados al retiro del 10% a los deudores de pensión alimenticia. Lo anterior, en virtud que los legisladores aprobaron que el impago de los alimentos pudiera aminorarse o saldarse, según sea el caso, a partir del potencial monto a retirar que haga el deudor de sus ahorros previsionales.
Al respecto, y de manera lógica, la norma estableció que para lograr esto se requiere que la liquidación total de la deuda se sustente en una sentencia dictada por el Tribunal de Familia, una mediación o un acuerdo aprobado por el tribunal. Sin embargo, la norma no se hizo cargo de aquellos deudores que decidan no retirar sus fondos previsionales, perdiéndose una valiosa oportunidad para corregir esta lamentable e irresponsable actitud.
En ese sentido, y atendiendo a que la alternativa de retención de los fondos previsionales se ajustó a la premisa del bien común y a la priorización de los derechos del niño respecto al derecho de propiedad, no se entiende las razones por las que no se utilizó el mismo criterio a la hora de expropiar el total de la deuda a todos los deudores, incluyéndose a aquellos que decidan no retirar el 10%.
Ante esto, se puede inferir que el oportunismo político que estuvo detrás de la discusión parlamentaria fue el factor inspirador del debate, y no la corrección plena de un vergonzoso vicio social y que se expresa en el hecho que en nuestro país hay más de un 80% de demandados por pensión alimenticia que no cumple con su obligación.