Los derechos humanos y el medio ambientes, están íntimamente relacionados, pues un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos. La obligación del Estado es respetar los derechos humanos y exigir el cumplimiento de tales derechos para todas y todos los chilenos.
Es por lo que en el actual proceso social en que nos encontramos, aparece como una de las principales demandas la necesidad inherente y urgente de generar la reformulación del marco legal que nos rige como país, a través de una nueva constitución, como el primer paso para generar una restructuración de base y real en el actual modelo de desarrollo, para terminar con la actual desigualdad e injusticia social, que ha generado una sociedad segmentada en términos, culturales, sociales, económicos, geográficos y ambientales.
Al mismo tiempo en las diferentes instancias masivas autoconvocadas de conversación e intercambio ciudadano, a través de los cabildos desarrollados en todo el país donde se ha discutido y debatido sobre el actual estallido social aparece con fuerza y como prioritarias las temáticas ambientales como (1) Nacionalización de los Recursos Naturales, (2) Desprivatización del Agua, (3) Reformulación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, (4) Generación de procesos de participación y consultas ambientales resolutivas, (5) Evaluación estratégica e integral de los Impactos Ambientales con una visión de estado en la planificación del territorio, (6) Mayor fiscalización por parte del Ministerio del Medio Ambiente, (7) Descontaminación de las Zonas de Sacrificio, (8) Protección Legal de todos los Humedales chilenos, entre otras acciones concretas que comprometen el bienestar colectivo de nuestra sociedad.
En definitiva, lo que la población está identificando como prioritario, es que las materias medio ambientales se analicen con una mirada colectiva y comunitaria, que se gestionen desde los territorios locales donde se desarrollan, y que no respondan a un modelo extractivista de intereses privados e individualistas, para velar por un desarrollo sostenible y equitativo desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Hoy más que nunca, es necesario, exigir que el estado cumpla su principal obligación referida a la protección, respeto y hacer efectivos los derechos humanos, cuyo acceso y disfrute para todos y todas, también depende de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
¡Por el derecho de vivir en un medio ambiente sano para todas y todos los seres que habitamos este planeta!