En las últimas semanas, la agenda pública en salud ha estado centrada en el debate respecto a si nuestro sistema de salud se encuentra en crisis. Particularmente, el tema se ha posicionado, entendiendo la salud pública no como la salud de las poblaciones, lo colectivo, sino más bien desde la provisión pública de servicios de salud. Más aún, las diversas posiciones se han circunscrito a la política de recursos humanos en salud, con un alto nivel de abogacía y movilización por parte de las/los profesionales médicos a través de sus distintas organizaciones.
De acuerdo las estadísticas de salud del año 2015 generadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),nuestro país presenta una tasa de médicos de 1,9 por 1.000 habitantes, siendo la media de los países de la OCDE 3,3 por 1.000 habitantes. En el mismo sentido, la tasa de graduados en Medicina es de 5,9 por 1.000 habitantes, siendo la media de los países de la OCDE de 11,2 por 1.000 habitantes.
No obstante, la problemática asociada a las necesidades de profesionales y técnicos para el sistema de salud del país no obedece a la contingencia, sino más bien a una falla estructural del sistema de salud que dificulta la formación, distribución y retención de los equipos de salud en la provisión pública de servicios de salud. Entendiéndose por provisión pública de servicios de salud a los hospitales de diversa complejidad, Centros de Salud Familiar y Comunitaria, así como proveedores públicos de diverso nivel de complejidad técnica.
Dicha falla estructural se relaciona con el carácter mixto del sistema de salud de Chile con respecto a la provisión de servicios de salud. Por una parte, cuenta con una amplia red de proveedores públicos de servicios de salud, la cual, y de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2013, es responsable de entregar cuidados de salud al 78,29% de nuestras(os) compatriotas beneficiarias(os) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En tanto, la provisión privada de servicios de salud, concentra su actividad en el 14,23% de beneficiarias(os) de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) o aquellas(os) beneficiarias(os) de Fonasa que pueden hacer uso de la Modalidad de Libre Elección: compra de bonos para atención en proveedores privados de servicios de salud. Esta situación origina que ambas lógicas de provisión deban competir por profesionales y técnicos claves para proveer salud a sus usuarias(os) de acuerdo a su administrador de la contribución obligatoria de salud en Chile: Fonasa o Isapres.
Frente a dicho escenario, la escasez de profesionales y técnicos de la salud no solo se relaciona con una capacidad de formación y políticas de atracción y retención en la provisión pública, sino también responde a un fenómeno técnicamente definido como dualidad en el empleo. La dualidad en el empleo se relaciona con que profesionales y técnicos de la salud trabajan en ambas lógicas de provisión de servicios de salud. Por lo cual, retener a equipos de salud es clave para el éxito en la gestión de las instituciones.Especialmente en un sistema de salud con provisión mixta de servicios del área. Incluso el fenómeno se hace más relevante, en razón de que profundiza las inequidades en el acceso a los servicios de salud en las ciudades de menor densidad poblacional y que cuentan con redes de proveedores de servicios limitadas. Este escenario conlleva que integrantes de los equipos de salud pueden trabajar tanto en una institución pública como privada, lo cual no es ilegal de acuerdo a la legislación vigente.
Para el sistema de salud de Chile, el salir de esta crisis histórica se presenta no sólo como un desafío prioritario desde la formación de profesionales y técnicos para cumplir con las políticas sectoriales y expectativas de acceso oportuno a los servicios de salud por parte de la ciudadanía, sino también como una oportunidad de resolver fallas del sistema que contribuyen a perpetuar la inequidad e injusticia social en salud para la mayoría de nuestras(os) compatriotas.