El reciente episodio de denuncia de la Ministra de Salud contra el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso puso al descubierto la falta de recursos del sistema público en los servicios de salud mental. Este caso es sólo un ejemplo que se suma a otras controversias y realidades -mucho menos públicas- en el abordaje y trato de las personas con discapacidades psicosociales, que incluso van más allá de lo estrictamente médico o económico.
Frente a este delicado panorama, el Ministerio de Salud convocó este año a un grupo de profesionales y representantes de diversos organismos para elaborar en conjunto una Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos. El objetivo es adecuar las normativas a los estándares internacionales, promover que los pacientes salgan de los centros donde están internados y se incorporen a la comunidad “con una mirada de respeto a los derechos humanos y de autonomía de las personas”, como recalcó la Ministra de Salud al dar inicio a la primera reunión de la mesa de trabajo.
Al respecto, la Dra. Jimena Carrasco, investigadora adjunta del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes – Imhay y académica de la Universidad Austral de Chile, opina que es “excelente que se haya conformado esta mesa, pero mi temor es que -así como en muchas otras cosas- luego en la práctica no se pueda hacer mucho, por un problema de recursos”.
Equipos precarizados
La docente de la Universidad Austral de Chile es Doctora en Psicología Social y en su área de investigación ha abordado, justamente, aspectos de intervención en personas con enfermedades psiquiátricas, sistemas de salud mental y reformas a políticas de salud.
“Mi visión, después de llevar un tiempo trabajando en este campo, es que muchas de las vulneraciones a los pacientes con enfermedades psiquiátricas tienen relación con la falta de recursos y de personal especializado. Porque uno suele ver que los equipos de salud mental son muy precarizados, con profesionales jóvenes, con contratos a honorarios muchas veces, que rotan mucho, y lo mismo sucede con los técnicos o los cuidadores. El presupuesto asignado no permite tener equipos que permanezcan en el tiempo, que se formen y se mantengan”, explica la profesional.
“Además, tampoco hay que romantizar esto: lidiar, no con una, sino con veinte personas con un patología psiquiátrica severa no es fácil, no es algo que se le pueda pedir a una persona y pagarle el sueldo mínimo. Es algo que esta mesa debería mirar: cuáles son los reales presupuestos que se asignan a estos lugares”.
Disparidad de opiniones
Que esta Estrategia Nacional de Salud Mental tenga un enfoque de derechos humanos toca justamente uno de los aspectos más controvertidos respecto a cómo tratar a los pacientes con enfermedades psiquiátricas.
“La institución psiquiátrica en sus inicios parte de una política del encierro: al inicio de la psiquiatría, la forma de tratamiento de las personas consideradas enfermas mentales era privándolas de libertad, separándolas de la comunidad. Ahí ya había una forma de actuar que va en contra de lo que en nuestros días consideramos como derechos fundamentales”, plantea la Dra. Carrasco.
“Con el correr de los años ha habido modificaciones, reformas de la institución psiquiátrica en distintos países -Chile no es la excepción-, pero sigue habiendo un hecho que es muy controvertido desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas: la enfermedad mental es la condición -creo que no hay otra- que permite que una persona sea privada de su libertad en contra de su voluntad, sin que haya de por medio una responsabilidad penal”.
Y si bien hay condiciones y casos en los que se necesita ir contra la voluntad de una persona para proteger su propia integridad o la de quienes le rodean, el límite no siempre está claro.
“En estos temas no hay una sola perspectiva. Son campos donde sigue habiendo controversias y distintas posturas. Yo hablo desde la mía”, aclara la Dra. Carrasco. De hecho, plantea que -a diferencia de la salud física- la salud mental está muy ligada al consenso social, a la aceptación cultural.
“La enfermedad mental no es como la enfermedad física, donde hay un examen que dice, por ejemplo, que la glicemia está alta, se hace un diagnóstico y se propone un tratamiento. Acá en salud mental no existen exámenes propiamente tales, que den cuenta de algún marcador biológico que pueda diagnosticar la enfermedad”, recalca la investigadora del Núcleo Milenio Imhay. “Todo el diagnóstico es en base a un consenso de lo que consideramos como sintomatología que se escapa a la norma. Así como en un minuto la homosexualidad fue considerada una patología de salud mental, hoy en día sigue el debate respecto a la disforia de género y el tema trans. Y no hay una sola respuesta, y en esos terrenos es donde hay que estar muy atentos”, advierte.
Derechos inalienables
Junto con el derecho a las libertades personales y otros derechos específicos en materia de salud, un área donde los pacientes con enfermedades psiquiátricas tienen más vulnerabilidad es en sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces las propias familias deciden la esterilización, en especial de las mujeres, para evitar embarazos. Y ahí surgen complejas preguntas.
“El argumento para que estas personas sí puedan tener una vida sexual y reproductiva es ese: es un derecho fundamental. Y cuando hablamos de un derecho fundamental -y esto muchas personas no lo tienen claro- estamos diciendo que son derechos inalienables, que no son intercambiables por responsabilidades”, explica la académica.
“¿Por qué si todo el mundo tiene derecho a reproducirse, una persona con una patología mental no? Efectivamente, eso implica tener todo un sostén social que permita garantizar esos derechos a todos, independientemente del color de piel, situación socioeconómica o de salud. Porque si una mujer con alguna discapacidad decidiera tener un hijo, lo más probable es que va a necesitar apoyo. Y si se le niega ese derecho, tendríamos que negárselo a todas quienes no estén en condiciones de hacerse cargo de un hijo ¿y cómo defines eso?”, plantea la investigadora.
Éste y varios otros aspectos deberán analizar, discutir y consensuar los integrantes de esta mesa de trabajo, que en su primera sesión reunió a autoridades del Ministerio de Salud y representantes de instituciones, colegios profesionales, agrupaciones de pacientes y de organismos internacionales de salud y de derechos humanos.