En su calidad de Experto Independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (GTPSS), el profesor del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, Dr. Alberto Coddou, fue invitado a exponer en la sesión extraordinaria de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil (CISC), de la OEA.
La sesión extraordinaria se realizó el martes 16 de abril, y fue inaugurada por la embajadora Mayerlin Cordero Díaz, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA y Presidenta de la CISC y por Maricarmen Plata, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad.
La sesión tuvo la finalidad de compartir con los Estados miembros, un informe realizado por la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, sobre la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y sus recomendaciones para el aumento y fortalecimiento de ésta y su objetivo es proporcionar a la OEA un informe sobre los desafíos que obstaculizan la participación de la sociedad civil en la organización y sugerir cómo mejorar el diálogo y aumentar la participación de la sociedad civil de una manera productiva e inclusiva.
En este contexto, el profesor Coddou, presentó como experto en materias de importancia sobre la participación de la sociedad civil en las democracias, y sostuvo que la participación política sigue siendo la piedra angular sobre la que se erige todo el sistema internacional.
“El impacto de los tratados internacionales de derechos humanos no puede ser evaluado de modo estático, debe ser evaluado a través del tiempo, en que se pueden observar procesos de cambio que son graduales, complejos, y que usualmente son el resultado de un conjunto de eventos fragmentados, incluyendo, principalmente, la participación de la sociedad civil. En otras palabras, para esta posición, la efectividad de un tratado internacional de derechos humanos depende más bien de lo que las personas, a nivel nacional, internacional o transnacional puedan hacer para implementar los compromisos de ese tratado a través de diversas vías, tanto institucionales como extrainstitucionales”, explicó el académico.
Agregó, que en su calidad de experto independiente del Grupo de Trabajo que monitorea el cumplimiento del Protocolo de San Salvador, percibe que esto es lo que da vida al derecho internacional de los derechos humanos, porque los Estados sólo responden donde saben que la sociedad civil está mirando.
“Nuestros informes sólo cobran vida donde la sociedad civil tiene las garantías para implementarlas, para hacer que tengan algún sentido ante el mar de demandas que se erigen sobre los Estados. Aquí es donde reside la normatividad del derecho internacional de los derechos humanos, donde la participación de la sociedad civil logra la fusión entre la legitimidad y la efectividad. Aquí es donde nos acordamos de que vivir bajo normas comunes sigue siendo una actividad humana, que depende de voluntades, energías y emociones que ningún algoritmo podrá reemplazar”, subrayó el profesor Coddou.
Organización de los Estados Americanos
La OEA reconoce la importancia de la participación y contribución de la sociedad civil a las actividades de sus órganos, organismos y entidades. Desde hace más de dos décadas, la OEA y sus Estados Miembros han establecido mecanismos y mandatos que buscan fortalecer el relacionamiento entre la Organización y la sociedad civil.
La Resolución 759 fue emitida por el Consejo Permanente el 15 de diciembre de 1999 y estableció las directrices para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA, así como las normas que rigen el proceso de registro. La OEA destaca la importancia de la participación ciudadana y del espacio cívico como fundamentales para la democracia y los derechos humanos en la región.