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El Rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo, realizó una profunda defensa a la autonomía universitaria y al rol público de la UACh, en el marco de la discusión de la reforma a la educación superior.
En el programa República de Los Ríos de Radio UACh manifestó que el actual proyecto de ley -que se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados- debe entregar «certezas jurídicas y tranquilidad» a las universidades tradicionales no estatales.
«Es evidente que el proyecto pone en tensión materias como la autonomía universitaria. De hecho, el proyecto obligaría a modificar la institucionalidad de la Universidad Austral, de la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María; no así de las universidades católicas, que las reconocen tal cual son», afirmó el Rector Galindo.
Agregó que el proyecto de Ley «obligaría a modificar la institucionalidad de las universidades del Estado con la creación de un Consejo Superior con participación directa de representantes del Presidente de la República. Estas materias no son anodinas para las instituciones universitarias, son muy importantes, porque el problema no es solamente cómo el Estado financiará a las instituciones, sino de qué manera se garantiza la autonomía».
El Rector citó una frase del destacado filósofo y ex Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh Jorge Millas: «No se recuerda mucho, pero Jorge Millas decía que, en los estados verdaderamente democráticos, hablar de autonomía universitaria era redundante, porque el Estado democrático garantiza la autonomía de las universidades por el solo hecho de ser democrático».
Óscar Galindo explicó que el concepto de autonomía exige al Estado reconocer el derecho de las comunidades universitarias a organizarse, dentro del marco de la ley, de acuerdo a sus necesidades y particularidades, sin ningún tipo de intromisión. «El Estado, por otro lado, le reconoce a las universidades el derecho a la libertad de cátedra, a la libertad de generar su propio proyecto educativo para contribuir a la sociedad. Y, por lo tanto, si esos principios entran en tensión en un proyecto de ley, es evidente que las instituciones universitarias van a reaccionar de uno u otro modo, atendida la naturaleza de su historia institucional», señaló.