Un artículo publicado en un medio de circulación nacional expone cómo 11 declaratorias de humedales urbanos han sido revertidas por reclamación de privados y otras 18 están en riesgo de anularse, varias de ellas en la ciudad de Valdivia. Muchos se preguntan cómo es posible que esto ocurra, contraviniendo la lógica de anteponer la conservación de estos ecosistemas por sobre el interés privado. Y es que los humedales son fundamentales para el bienestar humano a través de la provisión de múltiples servicios, como por ejemplo la mitigación de inundaciones o la provisión de cantidad y calidad de agua, solo por mencionar algunos. Estos beneficios que la naturaleza nos da “gratuitamente”, se tornan más críticos aún en el contexto de crisis climática que estamos viviendo en el mundo.
Así, un tema central en este debate es: ¿Cómo hemos incorporado a los privados en esta ecuación?
Mientras trabajábamos desde el Centro de Humedales de la UACh en la elaboración de los criterios mínimos de sustentabilidad que hoy en día rigen el reglamento de la ley de humedales urbanos, y después en la guía de aplicación de éstos, la consulta de qué pasaba si un humedal urbano caía dentro de un terreno privado era muy recurrente por parte de los servicios públicos y las organizaciones de la sociedad civil. Durante este proceso, que contempló la participación del sector privado, hicimos un esfuerzo por escuchar sus opiniones que fueron recogidas en estos documentos.
Sin embargo, al leer los motivos de las anulaciones de las declaratorias por parte del Tribunal Ambiental, nos damos cuenta que es aquí donde está el punto más conflictivo: no estamos escuchando las consideraciones de los privados. Cuando tomamos decisiones en conservación es poco común satisfacer los intereses de todos los actores involucrados, pero cuando tomamos en cuenta (al menos parcialmente) estos intereses, los actores por lo general se sentirán más satisfechos, aún cuando los resultados no sean lo que ellos esperaban. Los conflictos aparecen cuando las personas sienten que uno o más de sus intereses han sido sacrificados innecesariamente para satisfacer los intereses de otra persona o grupo. De este modo, ¿será posible llegar a un acuerdo para conservar tomando en cuenta los intereses de los propietarios de los terrenos donde están ubicados estos humedales? En la zona centro del país es posible encontrar casos exitosos donde propietarios privados conservan ecosistemas mediterráneos en sus predios, compatibilizando conservación y actividades productivas, principalmente en viñedos. ¿Por qué no podemos lograr lo mismo con la conservación de humedales en el sur de Chile?
¿Dónde está la deficiencia que hace que la Ley de Humedales Urbanos se torne vulnerable? ¿Cómo podemos desde la academia, las organizaciones sociales y gobiernos locales disminuir este riesgo y fortalecer la protección de los ecosistemas?
Tenemos que caminar hacia una política de estado sólida en conservación, que permita considerar de manera formal a los privados y sus intereses (que son bien diversos) en la toma de decisiones. Una forma (pero claramente no la única) puede ser compensando o dando incentivos para la conservación de distintos ecosistemas, incluidos los humedales. De lo contrario, caemos en la «buena voluntad» del propietario de turno y la mantención de las declaratorias al arbitraje de los tribunales ambientales. El estado debe invertir seriamente en conservación de la biodiversidad, porque nuestro futuro como humanidad depende de ello, velando por el bien común antes que el particular.
Así, desde el CEHUM nos preguntamos, ¿son los privados enemigos de la conservación o es simplemente que no los estamos considerando en la toma de decisiones? Sin duda hay muchos propietarios que están dispuestos a hacer esfuerzos por equilibrar sus intereses, proyectos o terrenos con la necesidad de cuidar los humedales. Como en muchas otras cosas en la actualidad, nos falta conversar, escucharnos y entendernos, para el bien de todos y de nuestra supervivencia futura.