Uno de los grandes misterios de las elecciones es predecir cómo la gente va a votar. Desde la ciencia política se identifican, al menos, tres corrientes explicativas: las Escuelas de Columbia, Michigan, y Rochester. En la primera, aspectos estructurales moldean la preferencia de los electores (clase, etnia, religión, género), mientras que en la segunda juega un rol preponderante la socialización política, es decir, el peso de las ideologías es indudable. La tercera escuela está en la línea del elector racional, donde el votante utiliza atajos cognitivos, de corto plazo, para emitir sus preferencias.
En la última elección de alcaldes/as (2016) votó el 39% del padrón regional. En el plebiscito de octubre pasado la participación fue del 41% a nivel regional. Hay mucho espacio para lograr una mayor y más robusta participación electoral. Un mecanismo de decisión para los/as indecisos es evaluar la gestión de los alcaldes incumbentes que van a la reelección. ¿Y cómo podemos saber eso? A continuación, un atajo cognitivo.
La Contraloría General de la República ejecuta auditorías a organismos públicos. Los hallazgos de estas auditorías pueden ser entendidas como resultados de gestión de los municipios. Para determinar la realización de auditorías, la Contraloría pondera la existencia de denuncias, una matriz de riesgo municipal y aspectos financieros. De las doce comunas de la región de Los Ríos, 9 son los ediles que van a la reelección. En promedio (2017-2020), 70% de las observaciones son altamente complejas o complejas. Esto implica que la Contraloría debe hacer un seguimiento de la mejora de ellas. A su vez, y he aquí el problema, la subsanación de las observaciones es bajo a nivel regional (14%), como en los municipios donde los alcaldes van a la reelección (12,7%).
Posibles respuestas al bajo porcentaje de subsanación de las observaciones pueden ser variadas. Sin embargo, como ciudadanos informados debemos considerar y hacer rendir cuentas a nuestros alcaldes y alcaldesas, pues en sus manos está la cara más próxima del Estado para la resolución de los problemas públicos.
