La importancia de la sociedad civil que, con iniciativas sin fines de lucro, logra cubrir áreas donde el Estado no ha logrado llegar de forma histórica hoy se ve puesta en duda.
Lamentables son los hechos actuales e históricos de corrupción y mal uso de fondos públicos que han acaparado los titulares noticiosos. Por sentido común, se hace necesaria mayor regulación.
En tal sentido, la circular N° 20 del Ministerio de Hacienda con fecha 11 de agosto de 2023, busca extinguir los traspasos directos hacia instituciones privadas, obligando a ser seleccionados mediante procedimiento concursal, suscribir convenios y entregar garantías entre otros requisitos. Hasta ahí suena bien.
Académico Leonardo Cárcamo
Sin embargo, este decreto no es capaz de ver las particularidades, ni menos la territorialidad de la región y sus necesidades; procedimientos que fueron tildados por nuestro Gobernador Regional Sr. Luis Cuvertino como “preocupantes” ya que ralentizarán la vida en comunidad y las soluciones territoriales oportunas afectando además la descentralización. Por su parte, la Asociación de Gobierno Regionales de Chile también ha planteado los impactos negativos.
A nivel local y en materia de infancia bajo cuidado del Estado, este escenario pone en riesgo la continuidad de iniciativas desarrolladas por la Corporación Cambiando Destinos, organización sin fines de lucro y conformada por egresados del Ex SENAME, quienes desde el año 2015 trabajan con niños, niñas y adolescentes de residencias de protección de la Región de Los Ríos ejecutando desde el año 2022 la Escuela de Oficios y Liderazgo destinada a entregar herramientas para la preparación de la vida independiente. Una de las grandes deudas del Estado en dicha materia. De igual forma, peligra la iniciativa piloto a nivel nacional, Viviendas de Transición “Casa Los Ríos”, destinado a otorgar cobertura habitacional y terapéutica para la vida independiente de quienes egresan del sistema residencial y no tienen donde vivir una vez finalizada la cobertura Estatal.
En definitiva, con esta “nueva forma de funcionar” se ha aumentado la burocracia para soluciones que necesitan ser inmediatas y para personas que no pueden seguir esperando. Es decir, pagan justos por pecadores, en este caso, la población más vulnerable de nuestra sociedad.
