Cuando el feminismo acuñó el lema “lo personal es político” resignificó y redefinió las fronteras entre lo público y lo privado. La esfera de lo privado -la sexualidad, la reproducción o el cuidado-, las instituciones que la organizan (la familia, en particular) y aquello que conforma lo público fueron literalmente puestos “patas arriba”. A contracorriente de una centenaria tradición, las feministas defendieron que el espacio privado (íntimo o familiar) no es apolítico, ni está gobernado siempre por el respeto y el amor. Con frecuencia, ahí se siembran y cosechan desigualdades, y proliferan graves formas de abuso y explotación que afectan, especialmente, a mujeres y niñas. Lejos de ser tragedias individuales, dichas situaciones son problemas colectivos, que requieren acciones y soluciones públicas.
La polémica alrededor del “caso Macaya” ilustra uno de los sesgos denunciados por el feminismo -el riesgo de uso ideológico del binomio público-privado-, y refleja también el asentamiento cultural de una nueva cartografía de las dos esferas. Antes de renunciar a la presidencia de la UDI, Javier Macaya, hizo varias declaraciones en defensa de su padre invocando el carácter privado de los hechos objeto del juicio. Hay cosas -dijo- que tienen un interés del público, pero no necesariamente tienen interés público cuando se trata de situaciones personales”. Deslizó también que para que un video tenga valor probatorio en un juicio por delito sexual se requería el consentimiento del agresor, lo cual supone una privacidad inmanente de la conducta. La tesis de su sucesor tiene características similares. Preguntado por las declaraciones de Macaya, Guillermo Ramírez, postuló que el origen privado de los hechos del juicio excluye su politicidad y contamina (moraliza) un eventual debate público. “No vamos a aceptar esta invalidación moral que se nos hace, por un caso que es un asunto familiar y no político”, […] “mientras persista esa lógica- muy propia de una izquierda extrema- […] no hay acuerdo posible, en nada”-dijo.
Algunas figuras femeninas de la derecha encendieron, sin embargo, la polémica. Evelyn Matthei y María José Gatica adoptaron otro enfoque. Asumieron que la protección de la infancia frente a la violencia sexual es un asunto público que no admite relativizaciones. Gatica argumentó que “se minimizaron vulneraciones a menores de edad”, lo cual “es un tema político y moral, donde no podemos fallar”. Las palabras de Marcela Cubillos (“cuando eres una figura política no puedes desdoblarte”) reflejan, por su parte, un criterio jurídico asentado en torno a la idea de interés público. La relevancia pública de un tema puede provenir de varias fuentes: el carácter de los involucrados (si ejercen mandatos públicos), la importancia social de los hechos (delitos sexuales) o su aptitud para proveer a la ciudadanía de insumos para juzgar la sinceridad y consistencia de quienes se dedican a la política. Como se ve, lo personal sí puede ser político.
Dra. Yanira Zúñiga.
Profesora Titular del Instituto de Derecho Público.
Columna de opinión publicada en el Diario La Tercera
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